IU de Collado Villalba ha denunciado a la alcaldesa de este municipio, María Dolores Vargas y a su concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Yolanda Martínez por un presunto delito de prevaricación por el caso de los contenedores de aceite instalados en el municipio, que no cuentan con convenio legal que lo sostenga.
Según consta en la denuncia presentada hace unas semanas, el 12 de abril de 2012 el Ayuntamiento de Collado Villalba firmó un convenio con GAVE S.L. para que la empresa instalara cinco contenedores en la vía publica de este municipio, destinado a la recogida y gestión de aceite doméstico usado para su posterior reciclado. En dicho documento se fija que el convenio tendría una duración máxima de cuatro años, es decir, hasta el año 2016, incluyendo prórrogas. Todo ello sin costes para las empresas por hacer uso del espacio público.
Desde IU aseguran que el Equipo de Gobierno del PP es perfectamente conocedor de que este acuerdo está fuera de la ley, ya que finalizó hace más de dos años, y por lo que estaríamos ante un caso de presunta prevaricación.
Contrato improrrogable
De hecho en 2015, un año antes del final del convenio, el grupo municipal del IU presentó en el Pleno municipal una moción para la renovación de este servicio que fue aprobada. La propuesta hacía hincapié en la necesidad del reciclar el aceite doméstico y que en menos de un año finalizaría el contrato con GAVE S.L. de forma improrrogable. Y un año después (2016), también en sesión plenaria, IU preguntó al Equipo de Gobierno del PP sobre el mismo asunto. Durante su intervención el portavoz de IU, Ricardo Terrón, ya advirtió que el convenio había finalizado, porque dichos contenedores estaban instalados en la vía pública de forma ilegal. Desde entonces los concejales de Izquierda Unidas han preguntado en varias ocasiones en la Comisión Informativa del Área de Urbanismo y Medio Ambiente sobre este asunto sin encontrar respuesta.
Desde IU recuerdan que el aceite usado tiene valor ya que mediante un reciclado se pueden obtener biocombustible y otros productos. De esta forma, las empresas que se dedican a su recogida obtienen beneficios. Por tanto al existir un rendimiento económico a favor de la empresa mediante la ocupación de suelo de dominio público, parece que las fórmulas adecuadas para permitir esta explotación serían la concesión administrativa o un contrato público tal como lo recoge el Reglamento de Bienes de Entidades Locales y Ley de Haciendas Locales, entre otras normativas de ámbito estatal.
Actividades lucrativas en suelo público
Además, IU asegura que “en caso de entenderse la cesión y la empresa como concesión administrativa se debería haber seguido procedimiento legal de contratación; y si por otra parte el gobierno considera este caso como una autorización demanial debería haber sido sólo ejecutada dicha concesión por parte de la empresa y el pago de la tasa correspondiente, algo que no ha ocurrido”.
Para IU de Collado Villalba queda acreditado que desde el año 2015 “se ha avisado reiteradamente al Ejecutivo local de esta irregularidad. Sin embargo el Equipo de Gobierno del PP ha permitido que en la empresa continúe con una actividad lucrativa de suelo público sin ningún tipo de procedimiento administrativo”.
Se trata de una muestra más de la inacción del Equipo de Gobierno que mantiene un servicio de recogida de aceites ilegal, además de su complemento deficiente para una población como Collado Villalba. Mientras en Moralzarzal se acaba de anunciar que disponen de diez contenedores cada 12.430 habitantes, en Collado Villalba (más de 60.000 habitantes censados) en Collado Villalba actualmente tenemos cinco contenedores, es decir, un contenedor por cada 12.430 habitantes. Esto supone la mitad de contenedores para una población cinco veces mayor”
De nuevo el PP demuestra que su gobierno es inútil, que es incapaz de regularizar siquiera una situación de ocupación ilegal del dominio púbico en años, como tampoco es capaz de implantar el servicio de recogidas de aceite que Collado Villalba necesita, y cuya incompetencia ha imposibilitado la puesta en marcha de un nuevo servicio de basura y limpieza viaria tras tres años afirmando que están en fase de elaboración de unos pliegos de condiciones para su posterior contratación.
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