Decenas de fincas donde se celebran eventos ilegales a debate en la Asamblea de Madrid

En el pleno celebrado el pasado miércoles en la Asamblea de Madrid se debatió la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Podemos para derogar el artículo de la Ley de Medidas Fiscales de 2012 que permite la celebración de eventos en fincas rústicas protegidas. Empresarios de la Hostelería, Ecologistas en Acción y vecinos afectados llevan años denunciando este tipo de fincas por competencia desleal, impacto ambiental y problemas de convivencia.

Hasta ahora el Art. 9 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas permite la celebración de eventos en fincas rústicas, independientemente del grado de protección del suelo, incluso en espacios protegidos. Bajo la denominación de “celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad” se enmarca el uso hostelero para organizar fiestas y banquetes que congregan a varios centenares de personas, siendo la más habitual la celebración de bodas.

Este artículo se introdujo para legalizar decenas de fincas, muchas de ellas de propiedad de la nobleza española, que realizan esta actividad sin autorización alguna. Desde el año 2007, Ecologistas en Acción, Asociaciones de Empresarios de Hostelería y vecinos están denunciando esta actividad sin que se tomen medidas disciplinarias por parte de los Ayuntamientos ni tampoco de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Estas fincas se localizan en zonas de alto valor ecológico y proliferan en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en zonas pluviales, incluida en espacios protegidos Red Natura, como el río Jarama o el río Tajuña. Se autorizan sin realizar estudios de impacto ambiental, sin valorar el efecto de la masificación, compactación del suelo, ruidos, luces nocturnas, etc. Los eventos suelen realizarse semanalmente y concentran una media de 400 personas, incluso en época de alto riesgo de incendios. Algunos de los municipios afectados son Madrid, Chinchón, Galapagar, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, Torrelodones, Griñón, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Garganta de los Montes y Rascafría y así, hasta 33 municipios madrileños.

Por todo ello los grupos Socialista y Podemos presentaron el pasado mes de junio la proposición de la Ley 8/2012 y derogar el artículo 9 de la misma, El Partido Popular se opone a dicha derogación y plantea una modificación que mantiene las negativas consecuencias ambientales, económicas y sociales, Se desconoce la posición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, aunque en sus manos está que este artículo se derogue o no, al depender de voto.