Al margen del contencioso de la calle Santa Rosa, 14 y 15 bis, del que El Faro del Guadarrama ha dado amplia información en las últimas semanas, la corrupción urbanística denunciada en este municipio durante las dos últimas décadas, tiene otros nombres, del que nos ocupamos hoy, dónde el protagonista político principal no es, como en el caso anterior, el por entonces regidor del Real Sitio, José Luis Fernández Quejo (PP), sino uno de sus más fieles discípulos y hombre de confianza, el concejal responsable del área de Urbanismo Gonzalo Cuesta.
Para ponerles al tanto de este asunto, hemos de retrotraernos al pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial celebrado el 25 de marzo de 2012, donde el grupo municipal socialista presentó una moción a favor de “una moratoria de todos los planes urbanísticos” en este municipio, citando “la destrucción masiva habida en la última década y la conducta especulativa de algunas autoridades locales”. En su intervención en esta sesión plenaria, la concejal del PSOE, Susana Barquilla destapó los detalles de un caso que reflejaba “los desmanes habidos en la ladera del Monte Abantos durante estos últimos años”, haciendo mención especial a la calle Teresa de Berganza, 33 dónde se ha construido un gran edificio comercial y de oficinas [otra reliquia urbanística de Fernández Quejo], siendo concedidas al respecto dos licencias, una el 7 de junio de 2007 y otra en junio de 2008, ambas aprobadas unánimemente por la Junta de Gobierno Local del Partido Popular.
Posteriormente, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid anuló dichas resoluciones de la Junta de Gobierno local por ser contrarias a Derecho y así lo recogía la sentencia dictada el 22 de julio de 2010. Aún así lo peor, según la edil Barquilla, ha sido “la vinculación de señor González Cuesta, concejal responsable de Urbanismo en este Ayuntamiento, con el entramado societario al que se le han concedido las licencias, al ser miembro de las dos juntas d gobierno local que aprobaron las licencias y que además votaría afirmativamente su concesión.
Barquilla acusó a Cuesta de ser apoderado de la empresa ‘Huaco Obras y Servicios S.L’ del 23-10-2007 al 8-08-2008. El presidente de esta empresa era Francisco J. Carbonell Lozano, involucrado también en la mercantil GSC, contratista del Ayuntamiento sanlorentino entre los años 1999 y 2005. Barquilla añadió que el 13 de diciembre de 2007, Huaco vendió la parcela de la calle Teresa de Berganza, 33 a Azul Solimar, administrada por Francisco Javier Carbonell. La segunda licencia fue concedida el 4 de junio de 2008 a Carbonell Lozano y Asociados Investments. “Las tres empresas (Huaco, Carbonell Lozano y Asociados y Azul Solimar) comparten”, dijo la edil, o han compartido el mismo edifico social en la calle Basauri de Madrid”.
Finalmente, el 19 de septiembre de 2011 el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, presidido por el concejal popular Gonzalo Cuesta, acordaba la compra de esta parcela de 221 metros, sita en la calle Teresa de Berganza.
Denuncia del PSOE en la Fiscalía Anticorrupción
Dos meses después de que el grupo municipal socialista denunciara estos hechos en el pleno municipal, el PSOE de San Lorenzo trasladaba a la Fiscalía Anticorrupción la relación mercantil del edil de Urbanismo, Gonzalo Cuesta, con la empresa Huaco “alertando que los hechos podían ser constitutivos d delito”.
Por otra parte, Susana Barquillo se refirió a la concesión de las licencias de construcción de un edificio de oficinas en le número 32 de la calle Teresa de Berganza (junto a la Escuela Oficial de Idiomas y la obra paralizada de los juzgados), aprobada en Junta de gobierno en junio de 2007 y 2008, respectivamente, y que para ello contó con el voto favorable del concejal popular, Gonzalo Cuesta, al que se vinculaba directamente con el “entramado societario” responsable de dicha promoción urbanística. Las licencias fueron posteriormente declaradas nulas de pleno derecho en unas sentencias que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, como ya era habitual en estos casos, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Diez años más tarde el edificio ilegal sigue ahí
Pero como ‘las cosas de palacio’, al menos esto es lo que sucedía por entonces en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, iban despacio, diez años más tarde, el edificio construido, otro más, ilegalmente durante los gobiernos de Fernández Quejo, sito en la calle Teresa de Berganza, 33 continúa ahí, pendiente de una demolición instada por los tribunales de justicia sin que el actual gobierno municipal, presidio desde junio de 2015 por Blanca Juárez, tampoco haya cumplido la sentencia, algo que la regidora ha intentado justificar en el hecho del alto coste que este derribo supondría para las arcas municipales. Y ahí sigue el mamotreto ilegal como un símbolo más del desmadre urbanístico habido en San Lorenzo de El Escorial durante las dos décadas de gobiernos municipales presididos por José Luis Fernández Quejo y su fiel colaborador, el ‘superconcejal’ de Urbanismo, Gonzalo Cuesta, protagonista de excepción en este complejo caso.
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