Expulsado un trabajador de un geriátrico de Las Rozas por encerrar y atar a los ancianos

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid investigan los hechos ocurridos el pasado mes de enero en la residencia de ancianos ORPEA de Las Rozas, en la que un empleado había encerrado con llave a 25 ancianos en sus estancias y a uno de ellos lo tenía atado con una sábana a una butaca. Fue la propia directora del centro la que sorprendía al trabajador durante una ronda nocturna al sospechar que estaba padeciendo alguna irregularidad en la atención a los ingresados.

En la vigilancia, la responsable descubrió que 25 habitaciones (todas con residentes) estaban cerradas con llave, según los datos facilitados por la Guardia Civil. Por lo tanto, ninguno de los ancianos podría salir de las habitaciones en el caso de que se produjese cualquier contratiempo o emergencia.

Además, la directora del geriátrico se extrañó al ver a una residente que se encontraba sentada en una zona aislada por pacientes de Alzhéimer. La mujer, de 77 años, se encontraba atada a la butaca donde estaba recostada con una sábana y la persona que se encargaba de su vigilancia estaba dormida en la silla.

Esos hechos fueron descubiertos por la responsable de la residencial el pasado mes de enero. A continuación la directora del centro acudió al cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas para denunciar los hechos

Investigación

Según los investigadores, la residencia ya ha despedido al trabajador que tenía encerrado a los ancianos, un extremo que ORPE no ha confirmado. La Guardia Civil que ha abierto diligencias sobre el caso, podría acusar al trabajador de un delito contra la integridad moral por trato degradante hacia las personas.

La Consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid también trataba de averiguar los hechos. Ayer mismo se inició la investigación del caso por “parte de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (LIRA). Además, desde la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor se va a estudiar si la residencia ha cumplido con el protocolo de emergencia, según el cual se deben notificar estos hechos. El centro fue inspeccionado el año pasado en cuatro ocasiones por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, la última en noviembre pasado y no registró ninguna incidencia relevante.