La Policía Nacional desarticula una banda criminal china en Torrelodones

Los vecinos de Torrelodones estaban sorprendidos de ver el pasado miércoles en este municipio tantos efectivos de la Policía Nacional y dos furgonetas estacionadas en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil. Todos ello, según recogía ayer ‘Torrelodones Info.’, se debía a una operación en la que intervinieron en toda España alrededor de 600 agentes que registraron unos veinte chalets de lujo en distintas capitales españolas (Madrid, Alicante, Barcelona...), entre ellos un chalet en la Colonia de Torrelodones donde fueron detenidas diez personas de nacionalidad china. En esta operación el operativo policial ha conseguido desmantelar 13 CallCenters. Los detenidos eran todos de origen chino y estaban especializados en fraudes telefónicos masivos.

El chalet de Torrelodones se encuentra situado en la calle San Ramón, muy cerca del cruce de la Avenida Rosario Manzaneque (próxima la Casa de Cultura). A los detenidos se les acusa de realizar estafas por un importe superior a los 16 millones de euros a miles de víctimas de la República Popular China. Actuaban en chalets de lujo de distintas capitales y ciudades españolas. En cada chalet trabajaban día y noche un elevado número de orientales que engañaban a sus víctimas mediante llamadas de telefonía IP.

El procedimiento utilizado por los operadores telefónicos seguía un guión perfectamente definido. Realizaban continuas llamadas a numerosos teléfonos hasta conseguir que alguien cayera en el engaño. Los falsos operadores se repartían tres tipos de papeles. Los primeros se hacían pasar por vecinos, amigos o incluso por familiares de las personas a las que habían llamado, advirtiéndoles que se estaban produciendo muchas estafas en su entorno, en su barrio, etc. y que tuvieran cuidado. En un segundo nivel, otros operadores se hacían pasar por policías, informando a las potenciales víctimas de que iban a ser objeto de fraude o, incluso, de que ya lo eran. Finalmente un falso funcionario policial o judicial les pedía que ingresaran una cantidad de dinero en unas cuentas bancarias supuestamente controladas, a fin de poder rastrear a los defraudadores. Sin embargo esas cuentas no estaban controladas por institución oficial alguna, sino por la organización criminal en paraísos fiscales.

Esta operación ha sido realizada por la Comisaría General de la Policía Judicial, por la División Económica y Técnica, por la UCRIF Central y por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.