Galapagar: cronología de un grave desencuentro político

Hace poco más de una semana, la concejala de Cambiemos Galapagar, Raquel Almendros, interpuso en el cuartel de la Guardia Civil una denuncia al alcalde de este municipio, por entender que había vulnerado su derecho a la participación política. Un día más tarde, el Partido Popular anunciaba que iba a emprender acciones legales contra la denunciante por calumnias, acusando a esta formación apoyada por Podemos, de manipular el video de pleno celebrado el día 31 de mayo. Pues bien, ahora es Ciudadanos Galapagar quien contraataca al anunciar que la denuncia del alcalde hacia Almendros, es solo “un intento de acallar las críticas por su pésima gestión”.

Según Cambiemos Galapagar en marzo de 2015, al alcalde Daniel Pérez Muñoz “se le olvidó hasta ese mismo día, comentar un video en el que hablaba de ‘sus pertenencias’, justo al entrar en vigor la Ley de Transparencia que, “había tenido una empresa de asesoramiento fiscal y urbanístico con sede en Galapagar”. Al alcalde no le gustó que se hiciera público que había sido copropietario de la empresa Gestión y Desarrollo S.L, por lo que amenazó con una querella por injurias, denuncia que llegó al juzgado de Paz del municipio y que finalmente quedaría en nada”, afirma Lorenzo García Martín, concejal de la formación de izquierdas.

Denuncia ante la Fiscalía
Después, en enero de 2016, Cambiemos Galapagar, ya con representación en el Ayuntamiento se personó en la Fiscalía Anticorrupción para denunciar que los concejales del grupo municipal del PP en este municipio “estaban cobrando sueldos por encima de lo votado en el pleno”, y que para no consignar la bajada de esta partida económica, también se había impedido votar la enmienda planteaba por la oposición a los presupuestos para el año 2016. En este caso el gobierno galapagueño publicó una nota de prensa en el periódico local en la que amenazaba “con denunciar a la marca Podemos en nuestro municipio por posible delito de denuncia falsa y calumnias”. Según la formación de izquierdas, nunca hubo tal denuncia a los concejales ni a Podemos, partido que por cierto no está representado como tal en este Ayuntamiento.

Tras estas disputas, la polémica ha vuelto a saltar tras el pleno celebrado el pasado 31 de mayo en el que Cambiemos Galapagar presentó una moción de urgencia que fue rechaza por el alcalde, al entender este que “no se siguieron los trámites legales establecidos en la Ley 30/92, no se cumplió el Art. 67.4 del reglamento Orgánico Municipal (ROM), y no se respetó el Art. 86 del ROM, ya que pretendía ser una propuesta resolutiva, cuando en realidad era una moción declarativa y, además, no se acreditó la urgencia de la moción”.

Raquel Almendros se sintió ofendida ante estos hechos y creyó que se había vulnerado su derecho a la participación política, por lo que presentó denuncia en la Guardia Civil. Otra vez más, la respuesta no se hizo esperar y el PP de Galapagar anunció al día siguiente que emprendería acciones legales contra nuestra compañera por calumnias y denuncia falsa”.

Moción para no subir los sueldos
“Nuevamente, tras denunciar a nuestro grupo en la Guardia Civil y defenderlo a través de los medios, el alcalde vuelve a amenazarnos con denunciar al denunciante por supuestas calumnias, al considerar que aportar un ‘fragmento’ del video del pleno celebrado el 31 de mayo, como prueba de lo ocurrido, supone una manipulación”.

En cuanto a la supuesta ilegalidad de la moción de urgencia presentada por Cambiemos Galapagar, cuyo objetivo era aprobar la subida del 1% del sueldo de los trabadores municipales, esta formación afirma que “si hay algún contenido ilegal dentro de la propuesta, eso es competencia de la secretaría del Ayuntamiento y no del alcalde”.

En cuanto a la moción de urgencia del pleno, la propuesta estaba amparaba en el art. 88 del reglamento municipal, mociones de urgencia, por tanto era imposible aplicar ninguno de los artículos a los que hizo referencia Daniel Pérez en esa sesión plenaria, porque estos se refieren a otro tipo mociones, no a las de urgencia. La inclusión de una moción de urgencia la debe votar el pleno y en esto el alcalde no tiene nada que decir”.

Finalmente, cambiemos Galapagar considera que “negar el turno de palabra, cuando el peticionario solo quiere dejar constancia de que se ha vulnerado el derecho a la participación política supone en sí mismo una evidencia del hecho que se denuncia. Lo que es importante para la opinión pública ha de ser de conocimiento público, pese a que algunos prefieran más bocas cerradas”, sentencia García Martín.