El contencioso entre Ciudadanos y Mónica Díaz pone en peligro la estabilidad del gobierno de Collado Villalba

El Ejecutivo popular, presidido por Mariola Vargas (PP), cuando aún no ha consumado el primer año de gobierno, puede sumirse en una profunda crisis y esta vez, sin que los populares tengan culpa de ello. Como recordaran nuestros lectores, en las elecciones celebradas el 24-M, la candidatura popular obtuvo nueve actas de concejal, de las cuales mantiene ocho, tras el pase al grupo de no adscritos de Alberto Sánchez, imputado en el Caso Púnica.

El pacto con Ciudadanos, no coalición de gobierno, como ocurre con estas dos fuerza políticas en la Comunidad de Madrid, a priori daba cierta estabilidad a la hora de poder abordar los temas municipales más importantes para este municipio. Y así, con alguna que otra discrepancia, ha sucedido en los últimos diez meses. Sin embargo, en el pleno celebrado el 28 de mayo pasado, saltaron las alarmas, cuando Mónica Díaz Alonso rompía por sorpresa para casi todos los presentes en el pleno, la disciplina de voto de su partido (Ciudadanos) al votar en contra del punto relacionado con la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) en este municipio. Lo que podía parecer un error, fue aclarado por esta concejala días más tarde, diciendo públicamente que había votado en conciencia porque consideraba que “la regulación de la ORA que se pretendía aprobar era perjudicial para los villalbinos, entre otras cosas porque extiende la tasa de aparcamiento a otras zonas que hasta ahora no la tenían impuesta y esto perjudica al pequeño comercio y, también, porque iban a cambiar los parquímetros, un coste que al final pagarían los de siempre, es decir, los ciudadanos”.

Obviamente su posicionamiento sobre este asunto se distanciaba del anunciado por PSOE, Podemos e IU que habían pedido la suspensión de dicha ordenanza en base a que la empresa adjudicataria no cumplía el pliego, sobre todo en el punto relacionado con la generación de puestos de trabajo. Aún así, se dice que Mónica Díaz llevaba cierto tiempo coincidiendo políticamente, sobre todo en privado, más con los grupos de la oposición que con el suyo.

Tras el incidente plenario, las críticas de los dirigentes de Ciudadanos no se hicieron esperar y así, el propio presidente del partido, Julio Henche dijo: “Rechazamos la posición unilateral de la señora Díaz contraria a las decisiones legítimamente adoptadas por nuestro grupo municipal. Manifestamos también nuestro enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por esta señora por ser manifiestamente tendenciosas y contrarias a la verdad; negamos con rotundidad que el partido haya seguido posicionamientos políticos que no sean los propios y de defensa del interés general acordes con las directrices de los órganos regionales y nacionales del partido”. Henche también quiso dejar muy claro que “No hubo previamente por parte de la señora Díaz una manifestación discrepante en este asunto. Hemos votado lo mismo que hace dos meses, ella incluida”
¿Al grupo de no adscritos?
Tal como están la cosas lo más probable es que después de las elecciones del 26-J, la dirección regional de Ciudadanos, muy dura en este tipo d contenciosos, expulsará del partido a la concejala díscola por un acto grave de indisciplina y además por las acusaciones vertidas contra los dirigentes de su propio partido. Ella, incluso, lo llegó a reconocer en una carta publicada en distintos medios locales donde afirmaba: “Yo he votado en conciencia . No sé las consecuencias que puede tener lo que he hecho. pero no creo que ello justifique que deje el acta de concejal. Ni siquiera he pensado hacerlo”. Obviamente el acta es de ella, pero el partido no.

El pacto antitransfuguismo firmado el 23 de mayo de 2006, contempla este tipo de contenciosos y ha venido a reforzar los mecanismos democráticos en nuestro país. Fue ratificad inicialmente por PSOE, PP, IU, PNV, CiU y CC, y al mismo se fueron incorporando posteriormente todos los partidos democráticos. Este se basaba fundamentalmente en “un paquete de medidas dirigidas a conseguir la máxima eficacia en el aislamiento y eliminación de comportamientos que violan de forma flagrante la voluntad de los electores y la lealtad política exigible a personas que se ha presentado por candidaturas determinadas, impidiendo la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

Por todo ello, aunque la señora Díaz Alonso quisiera apoyar una moción de censura contra el actual gobierno local, no podría. Por el contrario si podrá votar, desde el escaño de edil no adscrita, apoyando a otro u otros grupos políticos las propuestas puntuales que considerara más convenientes, lo que podría llegar a provocar una grave inestabilidad en el gobierno municipal, sobre todo tras ser conocidas las intenciones de Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida de formar una coalición de Gobierno que antes numéricamente no podrían controlar (contaban con solo doce actas de concejal) y ahora tampoco porque nos no adscritos no pueden refrendar mociones de censura, pero sí pueden maniatar a un Ejecutivo que contra viento y marea aún preside la popular Mariola Vargas. Y tal como están las cosas me temo que no lo va a tener nada fácil.