El pleno rechaza, con los votos de APPG y PP, la nueva ponencia de valores del Catastro

La nueva ponencia, indican desde el Ejecutivo, “ponía en riesgo la viabilidad del Ayuntamiento, obligando al cierre de todos de los servicios municipales considerados como impropios, como por ejemplo el polideportivo, la casita de niños, educación de adultos, cultura, etc., así como la reducción de la plantilla municipal”, según explicó en su exposición la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino.

Tanto el PP, que rechazó la propuesta, como el PSOE, que se abstuvo, mostraron su desacuerdo con la adopción de una medida que supusiera despidos o el cierre de servicios municipales. El representante de Vox argumentó su abstención al no haber podido formar parte de las comisiones de estudio. IU-Los Verdes y Sí Se Puede votaron a favor de la propuesta de Catastro.

No obstante, el rechazo de la ponencia no supone la suspensión de la bajada prevista para el próximo año en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según señaló la regidora, ya que el recibo disminuirá entre un 15 y un 20% de media en 2016, lo que supondrá que el Ayuntamiento deje de ingresar 1,7 millones de euros aproximadamente. Una decisión que el pleno tendrá que hacer efectiva previsiblemente en su sesión de octubre, en la que se aprobarán las nuevas tasas e impuestos para 2016.

Un escenario complicado
Por su parte, desde Izquierda Unida explicaban que la ponencia del catastro pasaba por una revisión a la baja en un porcentaje medio del 48% respecto a 2004, reducción que se trasladaría de forma importante al recibo del IBI. Sin embargo, añaden desde IU, con la aplicación de esta nueva valoración los ingresos municipales se reducirían sensiblemente, dado que este impuesto “supone alrededor del 50% del total del dinero que entra en las arcas locales”.

Ante este complicado escenario, IU afirma que decidió votar a favor de la propuesta, aun sabiendo que sería necesario “adaptar los gastos para así mantener el equilibrio presupuestario, con el consiguiente perjuicio para los servicios públicos y los trabajadores municipales”, señalando que el planteamiento realizado por el Gobierno de APPG (solicitar una nueva valoración en un año o año y medio) “era un mero parche que no solventaba el problema, sino que sólo lo posponía, pues el Catastro ya había avisado de que su valoración no cambiaría”.

Además, indica este grupo, se continuaría “asfixiando, durante al menos un año más, a las familias del pueblo con un IBI por las nubes, que ahora sabemos de forma oficial que se asentaba sobre unos valores catastrales irreales”, correspondientes a la etapa de la burbuja inmobiliaria.

Medidas de adaptación
Izquierda Unida acusa al Ejecutivo de vivir en “una situación de irrealidad”, añadiendo que, aunque la ponencia se aprobara y la caída de ingresos tuviese efecto en 2016, “aún contábamos con varios meses para proponer medidas de adaptación del presupuesto, como la reducción de salarios de la Corporación local” o de la partida de Festejos. Todo ello, afirman desde IU, con el fin de “reducir al máximo el impacto que esta crisis presupuestaria pudiera tener sobre los trabajadores del Ayuntamiento”.

Finalmente, la coalición denuncia la “absoluta falta de colaboración por parte del Equipo de Gobierno, que nos informó de la situación el pasado jueves 25 de junio, seis días después de recibir la notificación de Catastro, y no nos remitió la documentación sobre la cuestión hasta la tarde del sábado 27, a sabiendas de que la decisión final debía tomarse el lunes 29”.

La sesión extraordinaria contó además con la incorporación del nuevo edil de Vox, José Ramón Culebras, tras la renuncia en el primer pleno del anterior concejal de esta formación, Donato Barba.