El Ayuntamiento tendrá que pagar 40.000 euros

De los 47.000 euros, las arcas municipales tendrán que abonar 7.200 a Susana Galindo García, en concepto de daños patrimoniales, por los destrozos que un colector ocasionó en su vivienda, situada en la calle José Pola. Los problemas, a día de hoy resueltos, se remontan a principios de los años 90, cuando las obras del antiguo plan de inversiones de la Comunidad se estaban ejecutando en Cercedilla. “Cuando los trabajos se estaban realizando, olvidaron habilitar un desagüe, con lo que cuando llovía mucho, saltaba la tapa del colector y se ocasionaban desperfectos en la vivienda, llegando incluso a inundarse en dos ocasiones”, afirma Eugenio Romero, alcalde de Cercedilla, quien no duda en subrayar que “fue la mala ejecución de la Comunidad la causante de los desperfectos”. Otra de las sentencias se refiere a las obras de seis unidades de Infantil del colegio público Vía Romana, financiadas por la Consejería de Educación y que se ejecutaron a lo largo de 2001 por la empresa Tableros y Puentes S.A. A juicio del regidor de Cercedilla, “mientras se estaban ejecutando las obras, los técnicos del Ayuntamiento descubrieron diversas anomalías en el proyecto, por lo que emitieron un informe negativo, que supuso la revisión del proyecto”. Sin embargo, este dictamen judicial reconoce el error de los técnicos municipales y condena al Consistorio a pagar a la empresa adjudicataria 12.000 euros más los intereses de demora. La última de las multas, que asciende a 28.400 euros, se refiere a la demanda interpuesta por Matías Mayora, propietario de la empresa Reformas, Promociones y Construcciones Cercedilla, S.L, por no concederle una licencia de edificación el 22 de enero de 1998. Según el PP local estas cantidades se verán incrementadas, ya que según explica su portavoz, Julio Sánchez Domínguez, “estas sentencias se verán ampliadas con más reclamaciones de particulares y con otros contenciosos que aún no han sido resueltos”. Sánchez Domínguez adelanta que en el próximo pleno exigirá “a la Administración que ejecute el derecho de repetición que regula las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial para que los cargos públicos que tomaron decisiones contra los intereses de los administrados respondan de manera personal, de modo que las arcas municipales no se vean afectadas por las negligencias de sus políticos”, sentenció.