Políticos y sueldos: de la racionalización a la demagogia

Poco han tardado en desatarse las hostilidades en Guadarrama, municipio donde el pleno de organización y funcionamiento de la Corporación -en muchos casos, un mero trámite- acabó dejando sin retribuciones a todos los concejales. La situación, que en diferentes momentos de la pasada legislatura ya se vivió en municipios como Navacerrada o Becerril de la Sierra, se produjo tras el rechazo en bloque de los cinco grupos de la oposición (PP, Sí Se Puede, PSOE, IU y Vox) a la propuesta presentada por el Ejecutivo de APPG, que básicamente suponía continuar con lo ya presupuestado este ejercicio, aunque adaptándose a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. De este modo, el sueldo de la alcaldesa -que ya es un 30% menos que el de su antecesor en el cargo- se fijaba en el tope máximo (50.000 euros brutos) previsto en la normativa para los municipios de 10.000 a 20.000 habitantes. Sin embargo, la oposición considera excesiva esta cantidad, lo que dio lugar a un carrusel de propuestas, unas más definidas que otras, que acabó en un airado cruce de acusaciones para inaugurar este mandato. Si algo quedó claro es que la legislatura va a resultar especialmente complicada en no pocos municipios (sin ir más lejos, en otro de los ayuntamientos más fragmentados, como es San Lorenzo, aún no se ha formado gobierno), por lo que cuestiones como ésta deberán consensuarse previamente. De lo contrario, cada sesión plenaria derivará en un verdadero espectáculo, además de afectar negativamente a la propia imagen de la localidad y a la operatividad del Consistorio. Por otra parte, en un tema tan sensible como es el de los sueldos de los políticos no conviene hacer demagogia. La responsabilidad y el trabajo que desarrollan los ediles -desde las decisiones del día a día a la agenda institucional, pasando por las reuniones con otras administraciones, empresas y entidades para la puesta en marcha de distintos proyectos necesarios para el desarrollo de los municipios- ha de tener una remuneración, que ahora aparece más o menos acotada en la citada ley. Se podrá discutir luego si es necesario hacer un mayor ajuste, pero convendría alejarse del trazo grueso si de verdad se trata de hacer que los ayuntamientos funcionen y no nos aproximemos a una peligrosa paralización de la gestión municipal.