Cuatro ex consejeros de Caja Madrid vinculados con la Sierra se gastaron cerca de 300.000 euros

Pues bien, de estos 86 ‘escogidos’, al menos cuatro de ellos estuvieron y/o siguen estando vinculados con la Sierra del Guadarrama. Este es el caso de Javier de Miguel Sánchez (172.543,83 euros), nacido en Valdemorillo y ex alcalde de El Escorial; José Acosta Cubero (61.557 euros), histórico del PSM que nació en Cercedilla en 1947; Ignacio Varela Díaz (35.722 euros), sociólogo de cabecera del PSOE y asesor ‘fantasma’ durante más de 10 años de José Pablo González Duran durante su etapa como alcalde de Collado Villalba; y, finalmente, José María Fernández del Río (38.714 euros), arquitecto y copropietario de la empresa Plarquín, mercantil muy relacionada con algunos ayuntamientos de la Sierra, sobre todo San Lorenzo de El Escorial y Moralzarzal, donde intentaron promover un par de proyectos urbanísticos ‘faraónicos’ que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se quedaron en eso.

Los 86 beneficiarios de este ‘plástico milagroso’ tendrán ahora que devolver el importe del dinero gastado (así lo exige el juez encargado del caso), pero como decía un político de nuestra comarca, “¿a ver quien les quita lo bailao?”. Y lo ‘bailao’ fue mucho y duró casi una década. Y si no que se lo pregunten al que fuera alcalde de El Escorial entre los años 1995 y 2003. Nos estamos refiriendo a Javier de Miguel Sánchez, consejero de Caja Madrid a propuesta del PP entre el 1 de febrero de 2003 y el 22 de enero de 2010, que una vez provisto de su ‘tarjeta negra’, se llegó a gastar en poco más de siete años alrededor de 170.000 euros (unos 30 millones de las antiguas pesetas) en cuchipandas y caprichitos adquiridos en distintos establecimientos, entre ellos boutiques, joyerías, clínicas veterinarias, gasolineras, talleres, supermercados, etc. Al menos en 300 ocasiones, De Miguel utilizó su tarjeta ‘black’ en las tiendas de El Corte Inglés, y en sus numerosas escapadas fuera de Madrid (fines de semana y vacaciones) se alojó en hoteles como Meliá Valencia Palace (593 euros), Balneario Puente Viesgo (134,47), Palerno Santa Justa (217,49), Fuerte Costa Azul (393,10), Hotel Portobello (571,65), Hotel Cimbel de Benidorm (547,11), Gran Hotel Atlantis de Fuerteventura (571,62), Hotel El Tojo de Almería (353,55), Parador Nacional de Carmona (498,57) y Parador de Bayona (548,42), entre otros, ocasionando con ello un gasto a Cajamadrid de cerca de 5.000 euros.

Curiosamente, Javier de Miguel Sánchez ha sido el segundo consejero de la entidad de ahorro madrileña (también fue miembro de la Comisión de Control) que más créditos y avales obtuvo. La cifra asciende a 4.193.000 euros. El más beneficiado en este capítulo fue Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE y amigo personal de Miguel Blesa, que a través de varios créditos alcanzó la cifra de 32.412.000 euros.

Tras su periplo por la caja madrileña, De Miguel fue contratado hace poco más de un año como gerente de TRAGSA, empresa controlada por SEPI, tal como señalamos hace dos semanas en El Faro del Guadarrama; esto sucedió poco después de que ésta presentara el mayor ERE de una empresa pública en nuestro país. Fue cesado de manera fulminante el pasado día 14 de octubre, tras conocerse su implicación en el gasto abusivo de las tarjetas de Caja Madrid.

Dos socialistas implicados
También el Partido Socialista se vio afectado por el escándalo del ‘plástico’, lo que provocó la expulsión del partido de 10 de los consejeros que representaban al PSOE en dicha entidad, entre ellos Ignacio Varela Díaz, que durante año y medio (marzo de 2005 - octubre de2006), en su condición de consejero, realizó 220 operaciones con su tarjeta, lo que supuso un desembolso para esta entidad de 35.722 euros. Los apuntes se consumaron sobre todo en restaurantes, agencias de viajes, alquiler de vehículos, balnearios y cómo no, en algunos establecimientos de El Corte Inglés.

Hemos de recordar que Ignacio Varela Díaz mantuvo durante más de 10 años (2000-2011) una extraña o compleja relación con el Ayuntamiento de Collado Villalba, al ejercer supuestamente como asesor personal del entonces alcalde, José Pablo González Durán. La facturación por aquellos presuntos trabajos de asesoramiento los realizó Varela a través de su empresa VIDUIDO.S.L. tras la firma de un contrato que ascendía a unos 40.000 euros anuales, contrato que fue adjudicado a través de un concurso negociado y sin publicidad, renovado año tras año durante la década que gobernó el PSOE este municipio. Esta peculiar relación, al carecer de una actividad material específica, provocó bastante polémica en el seno municipal, lo que obligó al alcalde a dar explicaciones. Sin embargo, lejos de apaciguar el asunto, éstas generaron más críticas, ya que el regidor intentó justificar el sueldo de Varela por sus “labores de colaboración, asesoramiento técnico, aportación de ideas y elaboración de informes orales y escritos” solicitados por los departamentos de Comunicación, Alcaldía o por el Equipo de Gobierno. Curiosamente, durante este tiempo nadie del Ayuntamiento llegó a conocer a Ignacio Varela, pero su controvertida labor le costó a la tesorería municipal alrededor de 350.000 euros.

Menos escabroso fue el caso de José Acosta Cubero, que durante sus siete años como consejero de Caja Madrid utilizó su tarjeta ‘negra’ en 412 ocasiones, con un gasto total de 61.557 euros, que en su mayoría fueron destinados a comidas (Marisquería La Lonja, Restaurante Errota Zar y Hotel Suecia, sede casi habitual del acostismo, corriente que lideró desde que ocupase la presidencia del PSM). El histórico militante socialista, diputado nacional desde los gobiernos de Felipe González, no esperó a que le abrieran expediente de expulsión de su partido y se marchó sin meter ruido. Con su sorna característica, es fácil imaginarle diciendo algo parecido a esto: “No voy a dejar a esos babosos que se den esa satisfacción”
El cuarto en discordia
Y así llegamos al último implicado con las tarjetas de Caja Madrid con vinculaciones con con nuestra comarca. Se trata de José María Fernández del Río, arquitecto y ex gobernador civil de Valencia (1974-1982), que en su condición de consejero de la caja (fue nombrado a propuesta del PP) realizó 430 operaciones, ocasionando a esta entidad un gasto de 38.714 euros, repartidos en restaurantes, tiendas, librerías, viajes, etc.

Fernández del Río es arquitecto en ejercicio y socio de Enrique Porto Rey, ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, cargo que tendría que abandonar tras verse implicado en algunos polémicos asuntos relacionados con el urbanismo. Ambos, directamente o a través de familiares, comparten o han compartido el accionariado de la empresa Plarquin, autora entre otros de dos proyectos faraónicos. En uno de ellos se contemplaba la construcción de miles de viviendas en la finca Monesterio, situada a ocho kilómetros del centro de San Lorenzo de El Escorial; el segundo es el de Los Praderones de Moralzarzal, zona a más de cinco kilómetros del casco urbano, donde planteó un importante desarrollo urbanístico que nunca llegó a salir adelante.