Fernández Rubio recurre la fianza de 9,2 millones y dice que se trata de una medida “descabellada”

En primer lugar, el que fuera primer edil de Guadarrama -que dejó el cargo en el verano de 2008 para incorporarse al Gobierno regional como viceconsejero de Empleo, siendo elegido tres años más tarde alcalde de Las Rozas- afirma que se trata de “un tema puramente administrativo” que nada tiene que ver con un gestión al frente del Consistorio roceño.

Permuta de parcelas
En 2006, recuerda Fernández Rubio, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Guadarrama firmó un contrato de permuta de parcelas con el Grupo Canta. El acuerdo establecía una serie de obligaciones para ambas partes, “todas ellas supeditadas a una cláusula suspensiva aceptada libremente y que, como su nombre indica, caso de no cumplirse anulaba el mencionado contrato: la aprobación del Plan General de Urbanismo de Guadarrama por parte de la Comunidad de Madrid”, asegura el que fuera regidor de este municipio serrano. “En 2009, y en vista de que el PGOU todavía no se había aprobado -a día de hoy aún no lo está- mi sucesora en el Consistorio decidió invocar esa cláusula y anular el contrato, una anulación que no supuso perjuicio económico para ninguna de las partes por cuanto lo previsto en el contrato nunca se llevó a efecto”, manifiesta el ahora alcalde de Las Rozas.

Tercer intento
Ante esta decisión, prosigue, el Grupo Canta decidió acudir a los tribunales para reclamar una compensación económica, pretensión rechazada primero en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid en 2011 y más tarde en el Juzgado de Instrucción número 1 de collado Villalba en 2013, “al no ver ningún tipo de prevaricación ni irregularidad en el contrato”.
“Éste es, por tanto, el tercer intento de los denunciantes de conseguir en los tribunales una cantidad económica que los juzgados ya han determinado que no les corresponde. Un intento que esta vez han dirigido contra mí, alegando una serie de presuntas irregularidades en el contrato que se firmó en 2006. Sin embargo, está perfectamente ajustado a derecho y fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de la Vivienda sin que el interventor formulara ningún reparo”, asegura Fernández Rubio.
“Se actuó correctamente”
El actual alcalde de Las Rozas termina su comunicado indicando que ha recurrido la fianza de 9,2 millones de euros que ha impuesto la juez para cubrir la posible indemnización que piden los denunciantes. “Entiendo que se trata de una medida descabellada, por cuanto no ha habido ni perjuicio económico ni enriquecimiento de ninguna de las partes. En resumen, estoy plenamente convencido de que se actuó correctamente, salvaguardando los intereses y el patrimonio de la localidad y de sus habitantes”, concluía Fernández Rubio.

El escrito del regidor roceño ha tenido respuesta inmediata por parte del letrado de la familia Álvarez (Grupo Canta), José María Garzón, indicando que no es únicamente un tema administrativo, sino “penal”, y que tanto la Fiscalía como la acusación particular coinciden en la pena solicitada contra él: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El abogado explica que el primer acuerdo con Luis Álvarez García se firmó en 2004 con el Ayuntamiento, mientras que en 2006 se rubricó el contrato de permuta con José Ignacio Fernández Rubio, en nombre de la Sociedad Municipal de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras de Guadarrama. Y esto, afirma Garzón, “pese a conocer que dicha sociedad no podía operar en el tráfico jurídico en la fecha mencionada, al no hallarse legalmente constituida, pues no había sido inscrita en el Registro Mercantil, tal y como exigían los estatutos”, según recoge el escrito de la Fiscalía.

El letrado recuerda que hasta la fecha los herederos del empresario Luis Álvarez García, ya fallecido, no han recibido ninguna compensación económica. Lo peor de todo este asunto, sostienen los hijos del empresario, es que “todo este proceso político-judicial ya tiene sus primeras víctimas: nuestros padres. Nosotros estamos sometidos a tratamiento psicológico y sólo queremos que se haga justicia. Que nos den lo que nos corresponde. No pedimos más”.

Sin compensación
“La familia fue desahuciada de las dos parcelas que había recibido en el polígono por la permuta original de los terrenos del centro del pueblo. No se les compensó por el dinero que habían invertido (250.642 euros) en acondicionar esas dos parcelas. No les devolvieron los terrenos del centro del pueblo ni les compensaron por ello. Y no les indemnizaron tampoco por la explotación del local comercial contemplado en el futuro desarrollo urbanístico”, señala José María Garzón, añadiendo que las cantidades responden a lo estipulado en el propio contrato con la Sociedad Municipal de la Vivienda.

La actual alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino (APPG), también fue denunciada por este caso, si bien la denuncia fue archivada posteriormente.