El PP acusa al Ejecutivo de “judicializar” la actividad municipal

Otra nueva resolución, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dado la razón a un vecino, acordando la suspensión cautelar de la actividad que se desarrolla en el complejo de Pádel People Torrelodones. Ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas, explican desde el PP, mientras que la alcaldesa indica en una resolución que acata la sentencia pero que la actividad seguirá abierta. Según el Ejecutivo, el citado centro dispone de “todas las licencias para su funcionamiento”. Además, VxT manifiesta que el pasado verano la Concejalía de Urbanismo requirió a los concesionarios para que tomaran las medidas necesarias para cumplir con los niveles sonoros autorizados mediante la instalación de pantallas acústicas, algo que quedó acreditado luego mediante un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid.

Nuevamente, afirman los populares, “ha tenido que ser la oposición quien en repetidas ocasiones pidiese al Equipo de Gobierno que velase por los intereses de los vecinos y se pusiesen medidas en el complejo de pádel para evitar la contaminación acústica”.

Por otra parte, existe un nuevo contencioso con el dueño de los terrenos del antiguo vertedero, ya que se ha abierto un expediente para reclamar la posesión de este suelo. En definitiva, concluye el PP, “cuando el Derecho se utiliza como medida de presión, el Derecho suele volver a llamar a la puerta y decirte que no tienes razón”.

Todo esto tiene además una consecuencia en términos económicos, añade el Partido Popular, ya que “los pleitos en los que se mete el Ayuntamiento llevan aparejados gastos de abogado”, que durante 2013, facturados por una única persona, “han supuesto casi 54.000 euros y en lo que llevamos de año, 30.000”. Estos servicios, señala este grupo, “han sido adjudicados de forma directa, sin concurso público, violentando la filosofía de la norma y siempre a la misma persona con facturas prorrateadas que no superan los 18.000 euros, cantidad a partir de la cual la ley obliga a hacer concurso público”.

En este sentido, el PP recuerda que en numerosas ocasiones ha solicitado que el contrato de abogacía salga a concurso público y no sea adjudicado de forma directa.

Polémica reunión de la Junta Local de Seguridad
El pasado jueves se celebró una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad, a la que, según indica el Partido Popular (primera fuerza política en el Ayuntamiento, aunque Vecinos por Torrelodones gobierna en minoría), intentó acceder la concejala Isabel Ruiz-Tarazona, “tras haber recibido una invitación de Alcaldía”. Según señala el PP en un comunicado, el edil del área, Gonzalo Santamaría, indicó que la oposición no estaba invitada y que el correo de Alcaldía no le vinculaba, ya que había sido un error.

Después, aseguran los populares, Santamaría le dijo a la representante del PP que al término de la anterior Junta Local de Seguridad (el pasado mes de marzo) algún grupo emitió una nota de prensa “que no nos gustó y por ello he decidido que no asistiera la oposición”.
“Cada vez es más evidente el totalitarismo del equipo de Vecinos por Torrelodones, que gobierna en minoría, y el menosprecio hacia la oposición”, concluyen los populares.