Una promotora reclama 571.000 euros al Ayuntamiento de Torrelodones por no aprobar la licencia para construir 32 viviendas

Este caso tiene que ver con la decisión que el Ejecutivo de Torrelodones adoptó apenas unas semanas después de acceder al gobierno, exigiendo a la Junta de Compensación del AHS y Los Llanos, y a las inmobiliarias en ellas representadas -entre ellas C15, que abonasen o avalasen los importes pendientes para la ejecución del túnel que debería comunicar este sector con el centro urbano de Torrelodones, cifra que ascendía a más de 6,5 millones de euros.

Igualmente, recuerdan ahora desde VxT, se tomó la decisión de no conceder más licencias urbanísticas “hasta que no estuviesen cumplidas las obligaciones de los promotores con el Ayuntamiento”.

Cambio de criterio
Sin embargo, la citada sentencia señala que “el cambio de criterio municipal para la concesión de licencias de obras en el sector determina una ausencia de igualdad de trato basada en los criterios aplicados en supuestos extraordinariamente cercanos”, en referencia, tal como expone la inmobiliaria C-15 en su reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento, a las licencias ya concedidas en el Área Homogénea Sur.

El representante legal de la promotora explica también que el tiempo transcurrido desde que se solicitó la licencia de obra mayor hasta la fecha “ha hecho imposible la continuación del proyecto edificatorio en la parcela y generado unos perjuicios económicos que deberían ser resarcidos”.

En este sentido, C-15 hace referencia a distintos contratos de reserva y compraventa de viviendas, con cantidades aportadas por los interesados que van de 6.000 a 12.960 euros. Algunas de estas operaciones, indican, “hubieron de ser resueltas como consecuencia del retraso en la concesión de la licencia”.

Informe favorable del arquitecto
La empresa recuerda que, tras la aprobación definitiva del estudio de detalle, solicitó la licencia de obra mayor el 16 de marzo de 2011; el 7 de abril, el arquitecto municipal emitió un informe en el que señalaba una serie de deficiencias subsanables. C-15 abonó luego el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), por importe de 114.416 euros, así como la tasa por la prestación de servicios urbanísticos (56.064 euros), aportando la documentación técnica requerida por el Ayuntamiento. De hecho, el 27 de junio el arquitecto municipal emitió informe favorable, con la única condición de que se aportase aval por importe de 25.000 euros para garantizar las obras de urbanización correspondientes a la ejecución del viario interior, sin hacer referencia a los avales para el túnel bajo la A-6, tal como había ocurrido en distintas promociones puestas en marcha anteriormente en este mismo sector. Sin embargo, la licencia no llegó a concederse, ya que fue denegada por una resolución de la Concejalía de Urbanismo con fecha 22 de julio.

La paralización del expediente, explican desde C-15, obligó a suspender el plan de comercialización del Residencial La Hacienda VII, retraso que impidió el cumplimiento de los plazos de entrega, además de afectar, según la promotora, a la “necesaria confianza de las entidades financieras en la capacidad de C-15 para la consecución del proyecto promotor”. Todo ello, subraya esta mercantil, “ha hecho inútil el esfuerzo y los gastos realizados para la puesta en marcha de la promoción”.

Responsabilidad patrimonial
Culminado el proceso judicial, la empresa reclama ahora al Ayuntamiento 341.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, cantidad que se deriva de los gastos efectuados para el desarrollo de este residencial, entre los que se encuentran los correspondientes a la redacción y tramitación del estudio de detalle, así como el pago del ICIO, la tasa de servicios urbanísticos, el modelado tridimensional del conjunto o el material publicitario de la promoción. Además, C-15 pide una indemnización por lucro cesante de 230.000 euros, por lo que la reclamación suma un total de 571.000 euros.
“Una tomadura de pelo”
Ante esta situación, el portavoz del Partido Popular, Javier Laorden, ha cuestionado la actuación del edil de Urbanismo, señalando que se trató “de una decisión para presionar a C-15”. “Todo esto lo hizo sin pasar por el pleno; objetivamente lo puede hacer, pero es que se estaba cambiando el criterio de interpretación de las normas de planeamiento urbanístico en este sector, por lo que es llamativo que el pleno no fuera ni siquiera consultado. Además, la sentencia, que es de septiembre de 2013, la ocultan, no la comentan, y eso que no se cansan de hablar de transparencia”, afirma el concejal del PP. “Y ahora nos encontramos con que el promotor pide una indemnización de 341.000 euros, más otros 230.000, por lucro cesante, reclamación que, en caso de prosperar, supondría 570.000 euros para el Ayuntamiento. Es una irresponsabilidad del concejal de Urbanismo y una tomadura de pelo al ciudadano, y no vamos a permitir que esto lo acaben pagando lo vecinos. Si gobernamos, buscaremos y pediremos las responsabilidades que sean necesarias”, concluyó Laorden, añadiendo que este tipo de actitudes “chulescas” se reproducen también en otros temas, además de recordar que, en el caso del túnel de la A-6, las obras aún están lejos de comenzar, ya que el Ayuntamiento “no ha solicitado el informe de impacto ambiental”.

Por su parte, el Ejecutivo remitió esta semana un comunicado indicando que se está tramitando un expediente para “comprobar lo que se alega por la empresa C-15”, asegurando que “ninguna de las cantidades que se indican en la reclamación aparece acreditada correspondiente”. Finalmente, el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones asegura que exigirá a la promotora que se haga cargo de “las cantidades que le correspondan del coste del paso subterráneo que no ha abonado hasta la fecha”.