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Ecologistas en Acción pide al Gobierno que fomente la participación ciudadana

Ecologistas en Acción pide al Gobierno que fomente la participación ciudadana
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Ecologistas en Acción ha pedido a Madrid que siga el ejemplo de Castilla y León, que permite a los ciudadanos hacer aportaciones sobre la regulación del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama.

Esta asociación ha informado la comunidad vecina ha abierto un espacio de participación pública en su página web para que cualquier persona pueda hacer aportaciones al borrador de decreto que regulará los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A juicio de los ecologistas, “esta actitud contrasta con la reticencia de la Comunidad de Madrid a la participación pública”, por lo que reclaman que “se realice un ejercicio de transparencia similar y se ofrezca a los madrileños las mismas posibilidades que a los castellanoleoneses”.

La Ley de Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama entró en vigor en julio de 2013. Esta norma da un plazo máximo de un año para que las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León constituyan los órganos de gestión y participación del nuevo espacio protegido. Habiendo transcurrido siete meses, restan cinco para que se cumpla el plazo máximo establecido. Estos órganos serán únicos para el Parque Nacional y estarán formados por representantes de ambas comunidades autónomas.

Según explica este colectivo, la Junta de Castilla y León ya ha redactado un borrador de decreto de estatutos que regulará estos órganos, “y para favorecer la participación ha abierto un espacio en su web donde cualquier ciudadano puede descargarse el texto del borrador y realizar aportaciones para mejorarlo”. Sin embargo, Ecologistas en Acción asegura que la Comunidad de Madrid “no ha informado de nada a los ciudadanos, a pesar de que el decreto deberá ser el mismo o muy similar”.

Finalmente, la entidad conservacionista muestra una “gran preocupación por la reticencia a permitir la participación pública y la tendencia, cada vez más acusada, a dificultar el acceso a la información medioambiental”.
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