Corrupción y elecciones

Egún se desprende de un sondeo realizada por El Mundo-Sigma Dos, cuyos resultados fueron publicados en el citado diario el pasado 11 de enero, más de la mitad de los ciudadanos consultados, concretamente el 53,3 por ciento, asegura de que en el Ayuntamiento del municipio en el que reside hay corrupción. Y, precisamente, son los jóvenes los más convencidos de la presencia de esta lacra en los consistorios locales, destacando también el hecho de que la mitad de los votantes del Partido Popular y del PSOE estén de acuerdo con la existencia de este alto grado de corrupción, cuya procedencia no es otra que el negocio inmobiliario.

Las denuncias, actuaciones de la Fiscalía y de algunos jueces, implicando a alcaldes, concejales y algún que otro técnico municipal, con conocidas empresas promotoras y constructoras, han dado origen a esta peligrosa situación donde los ciudadanos, mediatizados por las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre supuestos pelotazos urbanísticos, han hecho tabla rasa y han terminado por meter (pienso que injustamente) en el mismo cesto a la mayoría de los munícipes. De ahí que más de la mitad de los encuestados afirme que en su Ayuntamiento hay corrupción y un 76 por ciento llegue a asegurar que la corrupción ha aumentado en estos últimos años.

La mujer del Cesar
Con estas perspectivas nada halagüeñas para la clase política local, los candidatos a las alcaldías y los aspirantes a obtener una credencial de edil en las elecciones del próximo mes de mayo, van a tener que realizar grandes esfuerzos a la hora de convencer a sus conciudadanos que son personas de fiar y que están blindados ante cualquier tipo de tentación. Habrá que recurrir, una vez más, a lo de la mujer del Cesar; es decir, que además de honrados van a tener que demostrarlo, porque la gente está ya tan harta de un asunto salpicado de versiones dispares que genera el recelo de la ciudadanía hacia sus representantes públicos. Por eso resulta fácil predecir que esta va a ser la asignatura pendiente de una legislatura donde la sombra de la sospecha se ha ido acrecentando hasta poner en serio peligro la integridad moral de unos políticos que tienen ahora la obligación y la necesidad de demostrar a muchos de sus indecisos votantes que no todo el monte es orégano; es decir, que no todos son corruptos y que, afortunadamente, ha habido y sigue habiendo en nuestros consistorios alcaldes y concejales que han ejercido altruistamente su quehacer político durante muchos años. Claro que la honestidad y la honradez de esas personas suele quedar, casi siempre, relegada a un segundo plano, mientras el protagonismo mediático lo acaparan aquellos que han promovido escándalos urbanísticos de gran calado social, como los de Marbella, Ciempozuelos, Andratx, Telde, Aldea del Fresno, Orihuela, Camas y tantos otros que aún siguen estando tipificados como “presuntos” , puesto que los encausados aún no han sido condenados.

La virginidad de los nuevos candidatos
A río revuelto, ganancia de pescadores, y los que andan con la caña dispuestos a pescar alguna pieza dicen que de los estudios sociológicos realizados por varias empresas demoscópicas sobre la incidencia que puedan tener los casos de corrupción en la próxima convocatoria electoral, se desprende que los más perjudicados van a ser aquellos que han asumido durante la presente legislatura responsabilidades de gobierno y vayan a concurrir a la reelección en los próximo comicios electorales, sobre todo en aquellos municipios donde la aprobación de nuevos planeamientos urbanísticos o de modificaciones puntuales, vía convenios, hayan generado polémica y/o enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas. Por eso se intuye que los candidatos de nuevo cuño partirán de salida con la ventaja de su presunta ‘virginidad’ al no estar, se supone, teóricamente contaminados por su inactividad política, eso sí, pero siempre que en su ‘curriculum’ no se detecte ningún tipo de relación familiar o de simple amistad con algún empresario del sector de la construcción, algo que también nos parece injusto, porque por esta regla de tres al final todos vamos a estar bajo sospecha.

Declaración de bienes
Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida se han pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de que los candidatos a las alcaldías (yo también lo extendería a quienes aspiran a ocupar una concejalía), hiciesen una declaración pública de sus bienes antes de acceder al cargo. No es que esto se pueda considerar la panacea que ponga fin a comisiones, malversaciones y demás operaciones fraudulentas al uso, pero al menos serviría para frenar algunas malas tentaciones. Sin embargo, éste, como otros muchos proyectos, se ha quedado sobre la mesa y, salvo en algún caso aislado donde el aspirante a político ha optado por presentarse voluntariamente en una notaría para dejar constancia documental de cuáles eran sus propiedades en ese momento, la mayoría de nuestros munícipes mantienen su patrimonio en secreto como cualquier hijo de vecino. Pero mientras existan paraísos fiscales, empresas superpuestas y testaferros anónimos, la credibilidad de este tipo de este tipo de documentos también estará en entredicho, sobre todo en un país donde los pícaros abundan y aún sigue vigente para muchos el dicho de que el que hizo la ley, hizo la trampa. Así nos luce el pelo.