Desestimada la demanda sobre la subvención del ‘Teatro Sin Barreras’

A tal fin, y con fechas 15 de junio de 2010 y 1 de septiembre del mismo año, el INAEM abonó al Ayuntamiento dos subvenciones por importe de 450.000 y 550.000 euros, respectivamente. Un año más tarde, este organismo (17-10-2011) solicitó el reintegro de dichas cantidades “por no haberse realizado la actividad subvencionada en el plazo establecido”, más 39.739,73 euros de intereses devengados.

La actual Corporación municipal, presidida por Agustín Juárez, emitió un informe el 18 de abril de 2012 en el que indicaba que las subvenciones a “las que se hace referencia [en el citado escrito] no fueron destinadas por parte del anterior Ejecutivo a la finalidad para la que fueron concedidas”, adjuntando un informe del secretario municipal en el que se detallaba que dicho dinero había sido destinado al pago de intereses y comisiones generados por los préstamos bancarios solicitados por el Equipo de Gobierno del PSOE y para liquidar parte de las deudas contraídas con la Tesorería de la Seguridad Social. Por estos hechos el Ejecutivo popular presentó demanda ante el Tribunal de Cuentas contra el ex alcalde, José Pablo González, el ex edil de Hacienda, José Antonio Gómez Sierra y también contra el ex interventor municipal,demanda que se fundamentaba básicamente en el “doble perjuicio patrimonial sufrido por el Ayuntamiento en relación con la liquidación de reintegro de la deuda (un millón de euros) más los intereses, la baja de créditos y la pérdida de subvenciones destinadas a dotaciones culturales de este municipio”.

Sentencia salomónica
Aunque María A. Lozano Álvarez, consejera del Tribunal de Cuentas en los antecedentes de la sentencia de fecha 1 de octubre pasado, reconoce que el Ayuntamiento de Collado Villalba no cumplió con la finalidad de las subvenciones otorgadas por el INAEM para la construcción de dicho teatro, y “con independencia del reproche jurídico que puede suponer el hecho incurrido en la obligación de reintegrar las referidas subvenciones, no existen elementos de juicio para considerar que hayan concurrido los requisitos necesarios para la existencia de una responsabilidad contable por alcance”. La sentencia añade que “el hecho de que se se haya mantenido en la respectiva cuenta de ingreso el importe de la subvención recibida y que mientras tanto sen haya destinado el importe percibido por el Ayuntamiento para el abono de otros gastos de la Corporación no puede tampoco entenderse en sí mismo como demostrativo de la existencia de un perjuicio en los fondos públicos”.

Esto podría entrar en contradicción con lo dispuesto en el Art. 40 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que dice: “Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas...”. Recordemos el desistimiento del Abogado del Estado, 24 horas después de solicitar a la sala del Tribunal de Cuentas el embargo preventivo de los bienes de los tres acusados a la hora de entender la absolución final de los mismos en esta sentencia ‘salomónica’ con un más que presunto ‘aroma’ político.