El Ayuntamiento socialista facilitaba a sus constructoras de cabecera la permuta de parcelas entre ‘Las Maripis’ y ‘Las Eras’

Ninguno de ellos, excepto el túnel-parking de Honorio Lozano, pasó de ser una mera utopía y el resultado final de este último, ahí lo tienen, abandonado a su suerte pese al alto coste de esta obra innecesaria cuya cuantía final supera los 100 millones de euros, cantidad que tendrán que abonar los villalbinos en los próximos 40 años si no quieren ver embargado su exiguo patrimonio municipal. Y lo más grave es que todos esos absurdos e irrealizados anteproyectos también le han costado a las arcas del Ayuntamiento cantidades ingentes de dinero, un autentico despilfarro que, como no podía ser de otra manera, ha llevado a este municipio a una situación de asfixia económica.

Todo esto está relacionado con las declaraciones realizadas hace unos días por Juan José Morales, portavoz del grupo municipal socialista de Collado Villalba, en una rueda de prensa donde el edil denunció la enajenación por parte del Gobierno popular de una parcela municipal, situada en la zona de las Eras, al poner en duda la viabilidad de esa operación ya que, según dijo el concejal socialista, en el año 2010, cuando él era responsable del área de Urbanismo en el Ejecutivo presidido por González, “se firmó un convenio con una empresa que contemplaba la permuta de esta finca por unos terrenos en la zona de Cantos Altos-Las Maripis, lo que podría invalidar la enajenación hecha recientemente por el Gobierno de Agustín Juárez y afectaría al plan asfalto que acometerá este Consistorio en dos fases, la primera el próximo mes y la segunda en 2014, ya que si la mercantil que negoció en 2010 el citado convenio denuncia la venta de dicha parcela, la tesorería municipal se vería obligada a devolver el dinero y no podrá financiar los obras de pavimentación de nuestras calles”.

Un precontrato bajo sospecha
La investigación realizada al afecto por nuestro periódico deja una vez más en evidencia al Equipo de Gobierno socialista, concretamente al anterior alcalde y al propio Juan José Morales, denunciante (¿ingenuo?) de unos hechos ocurridos precisamente cuando éste dirigía el Urbanismo en Collado Villalba. O al menos eso es lo que se desprende de la documentación a la que hemos tenido acceso, fechada el 16 de junio de 2010, y que está relacionada con un precontrato firmado por José Pablo González, alcalde del Ayuntamiento de Collado Villalba, y por el representante legal de la empresa Inmobired Madrid, S.L., vinculada accionarialmente a Construcciones Edisan y su administrador único, José Antonio San Román Hurtado. Dicho precontrato contemplaba la permuta de 42.000 metros cuadrados de terreno no urbanizable en la zona de Las Maripis-Cantos Altos por una parcela de 12.000 metros de terreno urbanizable y edificable en Las Eras (frente a la actual sede de Cruz Roja). La transacción había sido tasada por los servicios técnicos municipales en unos 14 millones de euros. Pues bien, lo único que demuestran esos documentos es que efectivamente hubo intención de permutar ambos terrenos, pero como bien debía conocer Juan José Morales, finalmente la operación quedó en suspenso, tal vez por el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’, sin pasar siquiera por una comisión informativa ni tampoco por el pleno, de ahí que transcurridos tres años desde entonces se pueda considerar nula. Y así lo corrobora la redacción de dicho documento en uno de sus párrafos: “La eficiencia de este contrato queda supeditada a su tramitación y aprobación en pleno, quedando sin efecto en caso contario”.

Unas permutas bajo sospecha
Se puede decir sin miedo a equivocarnos que en este asunto ya llueve sobre mojado. Recordemos la polémica desatada hace más de ocho años tras el anuncio realizado por el Ejecutivo socialista de promover un polígono tecnológico en la zona de ‘Las Maripis-Cantos Altos’, y su ‘invitación’ a todos los que tenían propiedades en esa zona a venderlas si no querían correr el riesgo de verse privados de las mismas, vía expropiación forzosa. El miedo hizo que muchos de estos pequeños propietarios villalbinos escucharan las ofertas que les llegaban, la mayoría de ellas a la baja, por parte de algunas de las empresas constructoras de cabecera del anterior Equipo de Gobierno, que incluso llegarían a anunciar, así lo recogió este periódico, su predisposición a meter las máquinas para derribar si fuera preciso los inmuebles de quienes que se resistieran a venderlos.

La transacción a la que hemos hecho referencia, es decir, la relacionada con la empresa Inmobired Madrid S.L, propiedad de Edisan Construcciones S.A. y la mercantil Suvaria Capital S.L, vinculada a Cajamar, que fue la que desembolsó los más de 11 millones de euros de hipoteca de dichos terrenos, fue la última de una serie de operaciones en las que siempre estaban involucrados los constructores ‘pata negra’ de este municipio, o al menos eso es lo que se desprende de la documentación consultada por este semanario.

Sin embargo, el primer escándalo sobre las permutas de terrenos en los aledaños de la vía de servicio de la A-6 lo protagonizó un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y la empresa IGS Villalba, de la que eran dueños y administradores mancomunados José Carlos Gómez Paredes, propietario único de Cover -adjudicataria en una UTE de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano- y Evaristo Núñez Milara, editor del desaparecido periódico El Telégrafo y también ex secretario general del PSOE villalbino. Esta transacción fue suspendida en el mismo pleno donde estaba previsto aprobar la permuta de una parcela adquirida por IGS ese mismo año, tasada en 2,6 millones de euros, por otra de propiedad municipal situada en Prado Manzano, valorada en 4,5 millones de euros. La oposición, después de detectar una plusvalía en favor de la constructora por un importe de 1,9 millones de euros (alrededor de 300 millones de pesetas), se negó a aprobar este asunto y amenazó con denunciar los hechos ante los tribunales. El punto fue retirado por el alcalde tras un receso, pero ninguno de los grupos de la oposición (PP, IU y ADEI) se atrevió a denunciar el caso, ni tampoco al por entonces responsable del área de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra, que intentó justificar el desafase en la valoración de dicha operación asegurando que a él le constaba que a IGS Villalba esos terrenos “le habían costado mucho más de lo que figuraba en la escritura”, lo que, en ese caso, supondría dar por hecho que la citada compra se había realizado con ‘dinero negro’.

Otra de las polémicas permutas amparadas por el Ejecutivo de José Pablo González la protagonizó la empresa del director general de una cadena de radiodifusión madrileña. Esta operación tuvo como escenario los sectores de Cantos Altos-Las Eras y provocó numerosos rumores. Las parcelas permutadas se fueron vendiendo a precio de oro a constructores bien relacionados con el Gobierno municipal socialista y sobre ellas se han levantado varios edificios.

Hoy, la mayoría de estos constructores están en la bancarrota e incluso imputados judicialmente, caso de José Antonio San Román Hurtado, propietario, entre otras empresas de Edisan Construcciones y ganadero de cabecera de Tomás Entero al que, por cierto, José Pablo González encargó durante más de 10 años la organización de las ferias taurinas de Santiago Apóstol. El valor de estas adjudicaciones ha superado los 3 millones de euros. San Román Hurtado, que también resultó adjudicatario de la obra de la Ciudad Deportiva villalbina, es junto a su primo Tito José Pajares San Román, propietario de la Discoteca Gabbana de Madrid, uno de los 15 empresarios acusados de ‘saquear’ el Banco de Valencia. Así lo recoge un auto firmado recientemente por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, que tras una querella presentada por el FROB les imputa por un presunto delito de apropiación indebida. Igual sucede con los principales directivos de esta entidad bancaria. En este escabroso asunto, San Román Hurtado aparece como el propietario de la mercantil Royal Rosán.