2006, el año del ladrillo

Otro tanto ha ocurrido en las Islas Baleares, concretamente en el seno del Consistorio de Andratx, tras la detención de su alcalde, Eugenio Hidalgo y otras cinco personas, todas imputadas por el Fiscal Anticorrupción por el cobro de comisiones (20 por ciento) en algunas operaciones. La lista, obviamente, no termina aquí, y así, en el transcurso del presente año, se han destapado importantes asuntos relacionados con el mundo del ladrillo en la costa del Mediterráneo (Alicante, Orihuela y Pilar de la Horodada), en Navas del Marqués (Ávila), Seseña (Toledo), Camas (Sevilla)... Tampoco la Comunidad de Madrid ha quedado al margen de este rosario de imputaciones en las que suelen aparecer mezclados los intereses económicos de políticos locales con los de algunos de los importantes empresarios del sector de la construcción, caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde su ya ex alcalde, Pedro Torrejón, y su antecesor en el cargo, fueron detenidos y encarcelados por varios presuntos delitos, entre ellos el de, al parecer, haber incluido en el PGOU de esta localidad la recalificación de unos terrenos propiedad de una empresa inmobiliaria y cobrar por ello una comisión de alrededor de 40 millones de euros, cantidad que, según el juez, los dos ex ediles intentaron ingresar en la cuenta de una entidad bancaria ubicada en Andorra. En este caso aparecen imputadas otras cinco personas más. También han acaparado importantes titulares en los medios de comunicación madrileños, más por las acusaciones vertidas entre sí por los responsables regionales del PSOE y del PP que por la existencia de las pruebas necesarias para que interviniera la Fiscalía, Fuentidueña de Tajo, Villanueva de la Cañada, Aldea del Fresno, Brunete, Moraleja, Villanueva del Pardillo, Arroyomolinos...

En cuanto a nuestra comarca, los temas que pudieran relacionarse con los denominados escándalos urbanísticos, afortunadamente y hasta ahora, no han pasado de simples bulos o rumores, salvo el mal denominado caso Torrelodones, ahora rebautizado como caso Tintó-Pacios, sobre todo tras la decisión tomada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid de archivar la denuncia presentada por estos dos ediles contra el alcalde, Carlos Galbeño, y el presidente local del PP, Mario Mingo Zapatero, y que las querellas criminales interpuestas por la primera autoridad local y el responsable del Partido Popular, en un juzgado de Madrid, contra Reyes Tintó y Jesús Pacios, hayan sido admitidas a trámite. El otro asunto importante, al menos por su judicialización, fue el conocido como caso Carretera de La Presa, tema que intentaba vincular a José Luis Fernández Quejo, alcalde del Real Sitio con ciertas irregularidades urbanísticas. Pues bien, después de varios años de litigio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid absolvió de dichos cargos al burgomaestre sanlorentino quien, desde el primer momento, confesó su inocencia. El último asunto que ha venido a poner la guinda a todo este complejo pastel ha sido la dimisión del ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Porto Rey, dimisión salpicada de algunos temas urbanísticos bastante escabrosos de los que en su momento dimos cumplida información.

Por todo lo dicho, y por lo no dicho, no es descabellado titular hoy esta sección asegurando que 2006 ha sido, al menos en nuestro país, el año del ladrillo, es decir, el de los escándalos inmobiliarios, el de las implicaciones de algunos de nuestros políticos locales con el mundo de la construcción, el de denuncias, querellas, ingresos en prisión y excarcelaciones y, también -¿por qué no decirlo?-, la presencia de la prensa del corazón en un asunto que pese a no estar vinculado a su labor informativa, dada su vinculación con famosos del colorín ha sido el principal protagonista de los programas rosa.

Volviendo de nuevo a nuestra comarca y como punto final, quiero mostrar mi adhesión al contenido de la carta firmada por 37 personajes relevantes del mundo de la cultura, las ciencias sociales y la judicatura, remitida a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la que piden “que se aceleren los trámites de la declaración del Parque Nacional del Guadarrama”, entre otras cosas porque “estamos asistiendo con inquietud a un fenómeno general que está produciendo en muchos municipios de la región, con independencia de su afiliación política, mucha prisa por ampliar el casco urbano de los pueblos, las recalificaciones de terrenos y, a veces, las irregularidades cometidas en terrenos rústicos...”. Por todo ello, los firmantes de este manifiesto, entre los que se encuentran Ricardo Aroca, Baltasar Garzón, Antonio Mingote, Fernando Sánchez Dragó, entre otros insisten en solicitar un acuerdo entre el Ministerio y las dos comunidades autónomas “para disponer de algún tipo de protección, más que seguir esperando indefinidamente una solución óptima”.

Yo confio en que así sea, pues con la entrada en vigor de la mencionada Ley, se pondrá fin a la actual incertidumbre y los responsables de nuestros ayuntamientos ya no podrán recalificar terrenos y seguir concediendo licencias de construcción en las inmediaciones de este incomparable entorno natural.