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El presunto latrocinio de los ERE

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
El vuelco que la magistrada Mercedes Alaya le ha dado a la instrucción judicial del caso de los ERE ha sido espectacular, sobre todo después de su reincorporación tras un largo periodo de descanso por prescripción médica. Ha situado la investigación en un plano absolutamente distinto, porque ahora se están descubriendo las vergüenzas no ya de quienes se aprovecharon de las costuras rotas del sistema para ser beneficiados de esos expedientes, sin tener derecho alguno a ello y, de los que como el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero o el ex sindicalista de UGT, Juan Lanchas, además de aprovecharse personalmente, propiciaban esas irregularidades, presuntamente delictivas.
Ahora el punto de mira parece que se ha puesto bastante más alto, es decir, apuntando a quienes utilizaron las tijeras para romper las costuras, como son los directivos de aseguradoras, los intermediarios y los bufetes jurídicos que participaron en la trama. O sea, los cerebros de ese gran engaño en el que obtuvieron muchos millones de euros. Y ese engaño reviste una especial gravedad porque, como ustedes ya saben, sus ilícitos beneficios los detraían de unos fondos que estaban destinados, en principio, a ayudar a paliar situaciones complicadas.

Pero más grave aún, es que este presunto latrocinio a gran escala se haya podido mantener a lo largo de diez años sin que, teóricamente, nadie se hubiese dado cuenta. Es increíble que durante esa década prodigiosa se le diese carta blanca a un personaje como el ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, el famoso y sonriente Guerrero, a quien se le ve venir de lejos y de quien, o al menos eso es lo que se comentaba en Sevilla, se sabían demasiadas cosas desde hacía mucho tiempo. No es entendible que no saltasen las alarmas hasta que, a razón del intento de extorsión a los propietarios de Raza, se investigase, por iniciativa judicial, el expediente de Mercasevilla.

Es a partir de ese momento, cuando todo el mundo se va enterando, a plazos, de lo que estaba pasando y que había costado, según lo demostrado hasta el día de la fecha, casi 150 millones de euros a las arcas públicas de los andaluces. Y es tampoco es fácil de entender salvo, por aquello de que el fin justifica los medios, se pensase que hacía falta un individuo como ese para justificar operaciones de alto riesgo jurídico, político e incluso penal, lo que se consentiría seguramente para poder afrontar situaciones conflictivas de cara a la paz social. O al menos ese es el argumento que se ha utilizado hasta ahora.

Esa postura de dejar hacer, y mirar para otro lado, ha llevado a esta situación que puede tener todavía más graves consecuencias. Fue un error, intencionado o no, que se prolongó demasiado, y cuyos efectos multiplica la técnica del tancredismo.
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