El Ejecutivo de Torrelodones afirma que privatizar el Centro de Salud sería una “injusticia”

A lo largo de la entrevista el consejero informó que aún no se conocían cuáles iban a ser los centros afectados, al no haberse establecido todavía los criterios por los que se va a realizar este proceso, asegurando que su intención es consensuarlos previamente con los diferentes colectivos profesionales sanitarios. El Ayuntamiento señala que los responsables regionales les transmitieron que a finales del mes de marzo se harían públicos los pliegos de condiciones y en consecuencia los centros afectados.

Igualmente el consejero explicó que de entre las posibilidades que la consejería está barajando se encuentran las llamadas Entidades de Base Asociativa (EBA), un modelo de provisión asistencial participado por los propios profesionales sanitarios a todos los niveles, implantado en Cataluña desde hace 15 años y que en la actualidad presta atención sanitaria a unos 250.000 ciudadanos.

Días después, Elena Biurrun como Raquel Fernández se reunieron con los trabajadores del Centro de Salud de Torrelodones con el fin de transmitirles toda esta información.

Inquietud de los trabajadores
Durante este encuentro los profesionales manifestaron su inquietud por el hecho de que la información transmitida por ambas ediles no se corresponde con la que las asociaciones médicas les han comunicado.

Asimismo, y en relación a la posible implantación del modelo EBA, mostraron su desconcierto ante la posibilidad de que siendo profesionales de la salud se viesen obligados a ejercer como empresarios.

Tras esta última reunión la alcaldesa ha remitido una carta al consejero de Sanidad en la que le transmitía la “intranquilidad” de los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Torrelodones ante las informaciones contradictorias de que disponen.

Igualmente, Elena Biurrun ha dejado claramente de manifiesto en esta misiva el firme apoyo del Ayuntamiento al Centro de Salud, al tratarse de un servicio con un funcionamiento “óptimo”. Tal afirmación, subrayan desde el Consistorio, “queda demostrada tanto por la alta valoración que le otorgan sus usuarios como por el hecho de que, presupuestariamente, cumple los parámetros de calidad requeridos por la propia consejería”. En este sentido, el Ejecutivo considera una “injusticia” su hipotética privatización.