Una de las vías de financiación utilizadas por algunos ayuntamientos madrileños en los últimos años se centraba en la firma de convenios urbanísticos con los titulares de terrenos urbanizables, en la mayoría de los casos pertenecientes a conocidas empresas promotoras y constructoras. Y hablo en pasado, porque Esperanza Aguirre ha declarado de facto una moratoria en la aprobación de este tipo de recalificaciones, y así el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado hace unos días la prohibición de negociar nuevos convenios en aquellos municipios donde no esté aprobado definitivamente su planeamiento urbanístico (PGOU).
La mayoría de los ayuntamientos implicados en este tipo de recalificaciones (una veintena) reconoce haber ingresado en sus arcas los anticipos entregados a cuenta por particulares (los menos) y empresas vinculadas a la promoción inmobiliaria a cuenta de futuras recalificaciones de suelo, entre ellos el de Valdemorillo, que ha suscrito este año varios convenios de estas características y ahora tendrá que esperar a la aprobación de su Plan General para consolidarlos. Caso de no ser así, los promotores y particulares que hayan adelantado dinero en metálico o en especie, o que por el contrario aceptaron sufragar el coste de la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos para poder consumar las recalificaciones propuestas, podrán reclamar las indemnizaciones correspondientes por incumplimiento de contrato. Y es aquí donde radica el problema, porque hay quien considera bastante probable que muchos de estos convenios no van a contar con el beneplácito de la Comunidad de Madrid por las connotaciones especulativas que les rodean. Tanto Belén Aguado, portavoz del Partido Socialista de Valdemorillo, como la edil independiente de esta localidad, Carmen Villanueva, han denunciado reiteradamente los convenios firmados por este Ejecutivo local porque según se desprende de estos acuerdos los propietarios de dichas parcelas, algunas de ellas adquiridas hace poco más de un año, van a obtener plusvalías que superan los 2.000 millones de las antiguas pesetas, mientras el Ayuntamiento sólo ingresará en sus arcas alrededor de 300. Pero al margen de los temas puramente económicos, estos convenios suelen resultar perjudiciales para los ayuntamientos que los promueven, puesto que tienen una fuerte incidencia en el crecimiento demográfico de dichos municipios y por tanto demandan de inmediato fuertes inversiones para mejorar sus limitadas infraestructuras. Es decir, que son algo así como pan para hoy y hambre para mañana. También se debe tener en cuenta otros factores como los medioambientales o aquellos relacionados con la protección de edificios singulares y catalogados. Ahí está como ejemplo la fábrica de harinas de Valdemorillo, donde actualmente se ubica un conocido restaurante, finca ahora afectada por uno de estos convenios puesto que en ella, caso de ser aprobado, se podrán construir 8.000 metros cuadrados de viviendas en altura y locales comerciales. Ante la alarma social suscitada al tratarse de un edificio catalogado y singular, la alcaldesa Pilar López Partida, ha afirmado que la vieja y restaurada fábrica no será demolida y sólo se construirá junto “a los laterales de este complejo hostelero”. Que así sea.
POLÉMICA EN LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL PP.- Tengo la sensación de que la designación de los candidatos del PP a las alcaldías serranas de cara a los comicios de mayo, va a provocar bastantes sorpresas. De hecho, en esta última semana hemos podido detectar cómo las decisiones tomadas por las Ejecutivas locales de dos municipios, no tan sólo han provocado el enfrentamiento entre sus militantes sino que incluso se habla de que algunos de sus dirigentes están dispuestos a presentar su dimisión si Madrid no toma medidas en el asunto. La primera sorpresa ha saltado en Colmenarejo tras la proclamación de Javier Pérez Olivencia como cabeza de lista a la Alcaldía de este municipio, puesto que parecía reservado para la presidenta local, Carolina Lobos, que, al decir de muchos, contaba incluso con el beneplácito de su ahora contrincante. Al parecer, este vuelco inesperado tiene su origen en el apoyo que ha recibido Pérez Olivencia por parte del empresario taurino y ex concejal Tomás Entero, persona muy vinculada a la Ejecutiva local, de la que ha formado parte hasta hace pocos meses, según se desprende del organigrama que aparece en la web
www.colmenarejo.net. Aunque esta designación se quiere presentar como una candidatura joven, abierta y renovadora, algunos vecinos la vinculan con el mundo del toro y del ladrillo, de ahí que se rumoree que en Génova no están dispuestos a refrendarla.
Y algo parecido ha ocurrido en Galapagar, donde también contra todo pronóstico la Ejecutiva local decidió retirar su confianza al actual alcalde, José Luis González, eligiendo como candidato a Daniel Pérez, un joven militante cuyo currículum se limita a su labor como responsable de Comunicación del partido en esta localidad, además de jefe de Gabinete de Alcaldía. Como en el caso de Colmenarejo, aquí también se habla de la intervención de una persona bastante influyente en el partido, concretamente del ex alcalde José Tomás Román, quien supuestamente propuso a González una serie de condiciones para concurrir a la reelección, condiciones que fueron rechazadas por el actual primer edil, y esto fue lo que provocó su caída. Tampoco esta decisión de la Ejecutiva galapagueña parece haber sido bien recibida por los responsables del PP regional, que apostaban en este municipio por la continuidad de José Luis González. Estas dos polémicas decisiones, además de la situación por la que atraviesa el grupo municipal popular de Torrelodones, podrían retrasar el acto de presentación de candidatos del PP a las alcaldías serranas que, en principio, se iba a celebrar este domingo y ahora podría trasladarse al día 3 de diciembre.
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