El Ejecutivo acusa a la Policía Local de emprender una “huelga de celo”
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
El Ejecutivo de Torrelodones se ha encontrado con un nuevo frente, en este caso el enfrentamiento con los sindicatos de la Policía, CPPM y Comisiones Obreras, que el pasado viernes se levantaron de la mesa de negociación en la que se encontraban la alcaldesa, Elena Biurrun, el concejal de Personal, Luis Collado, y la de Servicios Sociales, Raquel Fernández. “No ha habido negociaciones, solo imposiciones por parte del Equipo de Gobierno, que quiere aplicar de una manera totalmente injusta el Real Decreto sobre la jornada laboral”, señalaron fuentes sindicales.
El Ejecutivo de Torrelodones se ha encontrado con un nuevo frente, en este caso el enfrentamiento con los sindicatos de la Policía, CPPM y Comisiones Obreras, que el pasado viernes se levantaron de la mesa de negociación en la que se encontraban la alcaldesa, Elena Biurrun, el concejal de Personal, Luis Collado, y la de Servicios Sociales, Raquel Fernández. “No ha habido negociaciones, solo imposiciones por parte del Equipo de Gobierno, que quiere aplicar de una manera totalmente injusta el Real Decreto sobre la jornada laboral”, señalaron fuentes sindicales.
Por su parte, el Ejecutivo remitió el miércoles un comunicado en el que acusaba a la Policía Local de estar llevando una huelga de celo, lo que había supuesto que las sanciones se hayan multiplicado por ocho en los últimos días. Según indican desde Vecinos por Torrelodones, en la citada reunión del viernes se estaba trasladando a los representantes sindicales “la necesidad de cumplir con la legislación vigente en materia de jornada laboral de los empleados públicos”.
Desde ese momento, asegura el Equipo de Gobierno que lidera Elena Biurrun, “el número de sanciones impuestas a los ciudadanos de Torrelodones por la Policía se ha incrementado en más de un 800 por ciento”.
Chantaje y legalidad
El Ejecutivo añadía que “no aceptará chantaje alguno por parte de los responsables de garantizar el orden público en el municipio, que deberían ser los primeros interesados en cumplir con la legislación, también en materia laboral”. “la legalidad no es negociable, lo cual entendemos que no debiera ser necesario explicarlo a trabajadores públicos a los que se confiere autoridad para defender el interés público y no el de sus reivindicaciones laborales, por muy legítimas que estas sean”, señaló la regidora.
Lejos de enfriarse, la polémica continuó con un nuevo comunicado de la Policía en el que manifiestan que el Equipo de Gobierno ha trasladado a los delegados de personal su intención de “denunciar el convenio vigente para reemplazarlo por otro establecido según Ley”. Como consecuencia de esta medida, proseguían estas mismas fuentes, “se empezarán a crear mesas de negociación sectoriales para la confección del nuevo convenio, discriminando las mayorías existentes en la actual mesa única”.
Este nuevo acuerdo, aseguran, “traerá nuevos recortes a todos los trabajadores del Ayuntamiento, tanto funcionarios como laborales”. En este sentido, indican que a partir del próximo 11 de enero los agentes que prestan su servicio en la calle “tendrán un cómputo anual de horas trabajadas de 1.750 efectivas, lo que supone una discriminación hacia este cuerpo con respecto a los demás trabajadores, además de no tener en cuenta las peculiaridades del trabajo policial y su especial jornada (fines de semana, nocturnidad, festivos, etc.)”.
En cuanto al incremento de sanciones, la Policía aseguró tener órdenes de controlar el tráfico por las obras del carril bici que se están llevando a cabo en la avenida de la Dehesa. “Como no ha posibilidad de aparcar en la zona y han quitado aparcamientos, los conductores están estacionando dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y son a ellos a quienes estamos sancionando”, señalaron.
Esta situación ha provocado las protestas de numerosos vecinos, por lo que el concejal de Medio Ambiente decidió retirar provisionalmente la señal que prohibía aparcar en esta zona de la Cuenca Alta del Manzanares.
La postura del PSOE
Finalmente, el portavoz del PSOE torrelodonense, Juan D. Bidart, manifestó que el Ejecutivo “no debería aplicar el decreto de forma apresurada sin llegar a un acuerdo con los trabajadores del Ayuntamiento. De hacerlo de forma unilateral e impuesta sería un duro golpe a la negociación colectiva”.
“Queremos que este aumento de jornada sea consensuado entre trabajadores y Equipo de Gobierno, de tal forma que prime la necesidad de conciliar vida familiar y laboral, así como recoger una mayor calidad de los servicios públicos de atención al ciudadano. El camino de la imposición no es el camino”, concluyó el edil socialista.