Distintos colectivos denuncian el “grave retroceso” que supondría la ‘Ley Virus’

El pasado 11 de junio, tras comprometerse la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se remitió a diversos colectivos el nuevo texto del anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, para que en el plazo de 10 días presentasen sugerencias.

El nuevo texto, señala la Plataforma, “aunque introduce pequeños cambios con respecto al documento que se conoció hace unos meses, sigue manteniendo el mismo objetivo, permitir la construcción indiscriminada de viviendas en parcelas de seis hectáreas en suelos rurales, desvinculadas de cualquier actividad y eludiendo todos los procedimientos de control sobre la viabilidad ambiental y urbanística de las mismas”.

Efecto letal
La Plataforma apodó a la nueva norma Ley Virus “por la similitud entre el efecto letal de la dispersión residencial por el territorio, con la infección celular de un virus”. Miembros de este colectivo han presentado sugerencias al borrador del anteproyecto pidiendo su retirada.

Agustín Hernández Aja, director del Departamento de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Madrid, afirma que “el tipo de vivienda que propugna el borrador resulta contradictorio con las condiciones de calidad ambiental que debe cumplir una vivienda digna: un entorno social complejo, la accesibilidad a dotaciones y equipamientos, y el mandato de la ley del suelo estatal de garantizar que su implantación es acorde con un modelo de sosteniblidad ambiental basado en el no consumo de suelo natural”.

Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos considera que “desde el punto de vista conceptual parece un insulto a la razón denominar viviendas rurales sostenibles a unas viviendas que objetivamente no son ni rurales ni sostenibles”.

Mª Jesús González, de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, asegura que la nueva ley supone “una marcha atrás que manifiesta una falta de conocimiento y una ignorancia en materia de sostenibilidad que nos pone a la cola de la Unión Europea.

Por su parte, Mª Ángeles Nieto, portavoz de las asociaciones ecologistas de la plataforma, recuerda que estas viviendas no serán “inocuas para el medio ambiente”. “Los accesos, la acometida de servicios, el vallado, todo supondrá la antropización del territorio”, manifestó.

Dos ejemplos
Aplicando la ley a los municipios de El Escorial y Colmenar Viejo, los ecologistas señalan que el suelo susceptible (fincas iguales o mayores a seis hectáreas, sin protección sectorial) en el primero sería de 53.852.322 metros cuadrados con una capacidad residencial de 833 viviendas. En Colmenar Viejo la superficie afectada sería de 80.104.277 m2, con una capacidad para 1.141 viviendas.

Igualmente, Carmen Villares, diputada de Izquierda Unida, teme que el último pleno de julio se haya reservado, precisamente, para aprobar la ley, mediante un procedimiento urgente. Alberto Sacristán, de Equo, resalta que la ley no tiene en los costes ambientales que tendría la implantación de la ley.

Finalmente, la Plataforma muestra su “temor” de que los pasos que se han dado encajen dentro de “una maniobra para dar una imagen de transparencia inexistente y se pretenda acelerar la tramitación de la nueva norma en las próximas semanas”.