La alcaldesa de Alpedrete es citada a declarar el próximo 4 de julio por un presunto delito de prevaricación

En este sentido, Izquierda Unida afirma que, “desde hace tiempo, el Partido Popular considera el municipio de Alpedrete como algo de su propiedad, una especie de coto privado en el que puede hacer y deshacer a su antojo, aplicando criterios caciquiles impropios del siglo XXI. Para la alcaldesa, tener que seguir un proceso, en este caso una contratación, siguiendo unas normas claramente marcadas por la ley, no deja de ser un incordio, una molestia”. Y ello, añade el grupo de la oposición, “aun contando con informes desfavorables tanto de Secretaría como de Intervención”.

Tras la imputación de Marisol Casado, IU-LV ha pedido su dimisión, algo con lo que, según indican desde la coalición de izquierdas, “impediría que el buen nombre de Alpedrete quede ensuciado por sus problemas con la justicia”. Además, esta formación ha mostrado su apoyo a la “lucha de la sección sindical de CC OO, con el apoyo del Comité de Empresa, por defender los derechos de todos los trabajadores”.

También desde el PSOE han reaccionado tras el anuncio de la imputación, indicando que nos encontramos ante “un claro caso de contrataciones ilegales”, además de añadir de que, en caso de ser condenada, Casado sería inhabilitada para ejercer cargo público, por lo que debería renunciar a la Alcaldía. Igualmente, los socialistas han felicitado públicamente a Comisiones Obreras “por su extraordinario trabajo, su defensa de los derechos de los trabajadores y de la igualdad de oportunidades”.

Conforme a la ley
Por su parte, Marisol Casado se ha mostrado convencida de que, tras su declaración en el Juzgado de Collado Villalba, la denuncia será archivada, asegurando que sí existió un concurso público en relación a las citadas contrataciones y que la selección de los candidatos correspondió al Servicio Regional de Empleo. “Desde que estoy de alcaldesa las contrataciones que se han realizado siempre se han ajustado a la ley. La contratación tuvo informe jurídico favorable y fue conforme a la ley, sin enriquecimiento, ni trato de favor, ni ninguna otra actuación irregular”, aseguró la regidora alpedreteña.