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Los empresarios empiezan a cobrar las facturas adeudadas por el Ayuntamiento

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Muchos de los empresarios de Collado Villalba, a los que se les debían facturas desde hace más de cinco años, han comenzado a cobrar las mismas, tras acogerse el Ayuntamiento al Real Decreto de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Durante los últimos meses, el Equipo de Gobierno que lidera Agustín Juárez (PP) ha estado recopilando las facturas que se debían a numerosos proveedores y que alcanzan la cifra de 34 millones de euros.

Para poder pagar a estos empresarios y autónomos se ha tenido que elaborar un Plan de Ajuste que establece las líneas de trabajo de los próximos 10 años y aunque, muchos de los afectados ya han empezado a cobrar, este trabajo en la Hacienda local no ha finalizado hasta el pasado lunes, cuando en un pleno extraordinario el Ejecutivo presentó una modificación del presupuesto para que se tenga en cuenta este plan económico aprobado hace unos meses, mediante un suplemento de crédito.

Agustín Juárez recordó que este Plan de Ajuste era condición sine qua non para poder pagar a los proveedores y que gracias al mismo se establecían una serie de acciones para recuperar la maltrecha economía del Ayuntamiento y “garantizar la estabilidad presupuestaria”, ya que hay que recordar que la deuda generada por los anteriores gobiernos alcanza los 125 millones de euros.

Este documento económico-financiero prevé actuaciones encaminadas al saneamiento de las cuentas públicas, entre las que destacan un techo de gasto, el límite de deuda contraída con entidades financieras y la estabilidad presupuestaria. Además, incluye un programa con la previsión de gastos e ingresos hasta 2022.

Este punto contó con el apoyo del Gobierno del PP y de los dos concejales de UPyD, mientras que los grupos municipales de PSOE e IU mostraron su rechazo a esta operación de crédito. En el caso de la coalición de izquierdas, por el beneficio que obtendrán los bancos gracias a este Real Decreto, que cifraron en 15 millones de euros. Una posición similar tuvieron los socialistas, quienes finalmente se abstuvieron en la votación.
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