El engaño de las participaciones preferentes
José María Franco.- Abogado
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
El fiscal general plantea preparar una demanda colectiva por las participaciones preferentes vendidas por entidades financieras a miles y miles de ciudadanos que se consideran afectados, para lo que acudirá a solicitar diligencias preliminares que permitan concretar los integrantes del grupo de afectados, e incluyendo un requerimiento al demandado (la entidad financiera) para que colabore en dicha determinación.
A todo esto, ¿qué son las participaciones preferentes? Ellas no significan que los adquirientes tengan la condición de “acreedores privilegiados” sino que el orden de prelación de las “participaciones preferentes” está por detrás de todos los acreedores del emisor, incluso detrás de las obligaciones subordinadas; sólo tienen “preferencia” respecto a los accionistas de la entidad emisora; están inspiradas en el derecho inglés (preferred shares); los intereses de la inversión están condicionados a que la entidad vendedora tenga beneficios, y en supuestos extremos de insuficiencia patrimonial la entidad podrá liquidar la emisión por un valor inferior al nominal de las participaciones. Estas tienen un carácter perpetuo, es decir, el emisor no tiene la obligación de rembolsar su capital; sin embargo, están admitidas a negociación en el Mercado Secundario Bursátil de negociación de valores de Renta Fija (A.I.A.F); también la entidad emisora se comprometió a dar liquidez a su valor mediante la introducción de órdenes de compra y venta en dicho mercado. Adicionalmente, el emisor celebró un contrato de liquidez con Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (que desconocemos se haya aplicado en alguna ocasión).
Pues bien, los miles de ciudadanos que se han visto atrapados en la venta masiva de "preferentes" producida en la década pasada, la mayoría de ellos jubilados y pensionistas que deseaban colocar los ahorros de su vida, que tenían depositados en los bancos o cajas de confianza, no fueron informados completa, clara, correcta, precisa y suficientemente a tiempo, confiando en la honradez y seriedad de sus banqueros de toda la vida. De ahí que se haya originado, masivamente, un vicio de consentimiento, que están examinando los tribunales a los que están llegando las primeras demandas individuales, que resuelven favorablemente para el justiciable con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, por la culpa o negligencia del vendedor, y la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Por eso no vemos muy positiva una demanda colectiva cuando las circunstancias de personas, tiempos y lugares son muy distintas y variadas. Otra cosa sería hallar una solución colectiva, como se ha hecho con Bankia (conglomerado de cajas quebradas) que logra 19,000 millones de euros a cuenta de todos los ciudadanos de nuestro país, y que son muchísimos millones más que los 903 supuestamente atrapados en este 'corralito' financiero de las preferentes. Además del vicio de consentimiento y de la deslealtad informativa, incompleta, oscura e imprecisa, hay casos en que la entidad financiera incumplió órdenes de venta en el Marcado A.I.A.F, cuando se estaban realizando ventas en tiempos en que la situación no era tan trágica, sin que se explicara por qué a unos les vendían y a otros no.
¿Quien se hace responsable de toda esta ‘desfeita’? No parece que sean administradores o gestores que han ido desapareciendo con inmensas indemnizaciones (miles de millones de pesetas), que dejaron el fuego prendido, amparados por el voto de consejos de administración insuficientemente informados, por no decir alcahuetes de su aprobación, que están sometidos a averiguación de sus conductas.
Finalmente, hay responsabilidad por la mala gestión, por el mal hacer, por la mala administración; son responsables los supervisores encargarlos de vigilarlos, que no han actuado con diligencia; son responsables las firmas auditoras que afirmaban que las fusiones eran positivas y que las entidades gozaban de beneficios; son responsables los interlocutores políticos que impusieron el ‘éxito’ de las fusiones; son responsables los socios de las entidades que no solicitan convocatoria de juntas para adoptar acuerdos que exijan responsabilidades.
Son muchos los responsables, pero nunca los ancianos, jubilados y pensionistas, por aceptar recomendaciones de agentes y empleados de su confianza que les indujeron a comprar participaciones preferentes, sin decirles que eran ‘productos tóxicos’.