Las familias afirman ser víctimas de “una campaña de persecución”

En cualquier caso, este colectivo mostró su “enérgica repulsa y condena” de este acto vandálico, para después afirmar que las palabras de la alcaldesa, Elena Biurrun (VxT), apelando a la tranquilidad, se “contradicen” con los propios hechos del Equipo de Gobierno, asegurando que “desde la misma noche de autos está tratando de criminalizar a un grupo de familias ante los medios de comunicación y vecinos de Torrelodones, basándose únicamente en las supuestas declaraciones de un presunto delincuente acusado de un delito de incendio”. En este sentido, ASAFSUM señala que se trata de “una campaña de persecución que tiene el único propósito de desviar la atención del verdadero problema de fondo, que no es otro que la desastrosa política que en materia de gestión de vivienda pública han venido aplicando los sucesivos gobiernos municipales a través de SUMTOSA desde su misma creación, y el empeño de todos los grupos representados en este Ayuntamiento en ocultar su responsabilidad en la caótica situación en que se encuentra la Sociedad Urbanística”.

Legitimidad
En este sentido, la asociación acusa al actual Ejecutivo de “presentar al grupo de familias afectadas por los desahucios como unos ocupas que carecen de cualquier legitimidad para luchar por sus derechos y que están haciendo un uso ilegítimo de bienes sociales”. Y ello, añaden, a pesar de que “en la actualidad hay al menos cuatro sentencias favorables a los inquilinos y otras tantas pendientes de resolución, dato que el concejal de Urbanismo ha omitido intencionadamente”.

Sentencia a favor de SUMTOSA
Por otra parte, desde el Ejecutivo informaron ayer que la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento frente a un inquilino de las viviendas de protección de Sumtosa. La sentencia declara resuelto el contrato (que finalizó en 2008), condenando al inquilino a que, dentro del plazo legal, deje la vivienda libre y a disposición de la Sociedad Municipal.

Se trata, indican estas mismas fuentes, de la sexta sentencia de la Audiencia Provincial “en la que se da la razón al Ayuntamiento frente a una parte de los inquilinos que decidió no abandonar las viviendas públicas cuando finalizaron sus contratos”.