El PSOE insiste en vincular al edil de Urbanismo con un supuesto “entramado societario”

Casi dos meses después de que lo denunciase en un pleno, el PSOE ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la relación del edil de Urbanismo de San Lorenzo de El Escorial, Gonzalo Cuesta, con la empresa Huaco, alertando de “hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.

Según relató el miércoles en rueda de prensa la edil socialista Susana Barquillo, el caso tiene que con la concesión de las licencias de construcción de un edificio de oficinas en el número 33 de la calle Teresa Berganza (junto a la Escuela Oficial de Idiomas y la paralizada sede de los Juzgados), aprobadas en Junta de Gobierno en junio de 2007 y 2008, contando con el voto favorable del citado concejal del PP, al que los socialistas vinculan directamente al “entramado societario” responsable del proyecto. Las licencias fueron posteriormente declaradas “nulas de pleno derecho” en una sentencia que el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De Huaco a Carbonell Lozano
En concreto, indicó la representante del PSOE, Cuesta trabajó como gerente para Huaco S. L., además de figurar como apoderado de esta empresa, a la que en junio de 2007 se concedió la licencia de proyecto básico. Esta fecha es anterior a la del inicio de la relación laboral del edil de Urbanismo con la citada mercantil, que comenzó en julio de ese año. Un año más tarde, prosigue el PSOE, la empresa Carbonell Lozano Asociados (CLASOC) Investment S.L.U. contrató con Huaco Obras y Servicios S.L. la construcción del edificio comercial de la calle Teresa Berganza. Estas dos sociedades, añadió la edil socialista, “comparten o han compartido domicilio social”, formando parte de lo que calificó como “un entramado societario”.

En este sentido, los socialistas consideran que Gonzalo Cuesta debería haberse abstenido de votar en las citadas Juntas de Gobierno, al estar vinculado con la empresa Huaco. Sin embargo, un informe de Secretaría con fecha 10 de septiembre de 2008 avalaba la situación del edil popular, indicando que no incurría en causa de incompatibilidad (entonces tenía dedicación parcial). Según este informe, solicitado por Alcaldía, Cuesta tampoco incumplió el deber de abstención establecido en la legislación, puesto que su relación laboral con Huaco comenzó el 1 de julio de 2007, casi un mes después de que la empresa hubiese obtenido la licencia de obras.

Aún así, el secretario general del PSOE y portavoz del grupo municipal, Francisco de Gregorio, insiste en que “fuera o no fuera delito, estas relaciones chocan con la ética y la responsabilidad que debe tener el concejal de Urbanismo de San Lorenzo”. Además, los socialistas hacen extensiva su denuncia al propio alcalde, José Luis Fernández Quejo, y al administrador único de Huaco, Francisco Javier Carbonell Lozano, vinculado también, añadió De Gregorio, a GSC, concesionaria del servicio de limpieza. En caso de que se abran diligencias, terminó el concejal de la oposición, el PSOE se personará como acusación particular.

Apoyo total
Ante esta denuncia, el Partido Popular ha señalado que el PSOE tiene que recurrir a actuaciones de hace cinco años “para conseguir el descrédito del Equipo de Gobierno, dentro de su política de desgaste, alejada de los intereses del municipio”, mostrando un “apoyo total” al edil Gonzalo Cuesta. El PP indica en primer lugar que la incorporación del concejal a puestos de dirección en Huaco “fue inscrita en el Registro Mercantil, de lo que se deduce que no hubo ningún ánimo de ocultación, y sometida al control de los órganos municipales, que mediante el correspondiente informe concluyeron la compatibilidad” de esta actividad con su cargo en el Ayuntamiento. Tras un año y cuatro meses, en noviembre de 2008, finalizó su relación contractual.

El PP explica que la citada constructora únicamente realizaba un trabajo en San Lorenzo (vaciado de la parcela y forjado del edificio de la calle Teresa Berganza 33). “Nunca se benefició de ninguna manera de la actuación del concejal, ni en la compra de la parcela, ni en la obtención de la licencia”, subraya este partido, indicando que ésta fue concedida el 5 de junio de 2007, contando con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Estos hechos, reitera el PP, “tuvieron lugar con carácter previo a la incorporación de Gonzalo Cuesta a la empresa”. Casi medio año más tarde, en octubre de 2007, Huaco “cedió los derechos a la mercantil CLASOC, con la que el concejal no tiene ninguna relación, y que inició los trámites administrativos y de desarrollo de suelo como promotor del mismo”.

La licencia, prosigue el PP, fue recurrida por un particular, “encontrándose el recurso en proceso de resolución judicial”. Además, el PP recuerda que el pasado 11 de abril se convocó una Comisión Informativa donde se trasladó “toda la documentación, informes y explicaciones a los grupos políticos, para aclarar con luz y taquígrafos cualquier duda que pudiera existir al respecto”, reiterando que en todo momento se ha actuado con “legalidad y transparencia”.

Así, el PP atribuye la denuncia del PSOE a “una evidente mala fe que cuestiona tanto la actuación impecable de un concejal como de los propios servicios técnicos y jurídicos municipales, e incluso de sus propios compañeros de partido”, ya que este tema se remonta a la pasada legislatura. En este sentido, los populares advierten de la “deriva” que ha emprendido la actual dirección socialista en San Lorenzo, que “hace que cualquier argumento sea tratado demagógicamente con el único fin de desgastar al Partido Popular, con una total falta de escrúpulos a la hora de inculpar a terceras personas y una evidente ausencia de interés por el progreso de San Lorenzo y sus vecinos”. “Únicamente el interés político de debilitar a un Equipo de Gobierno que ha demostrado su eficacia durante años, así como sus propios intereses pecuniarios, sirven de coartada para el cúmulo de acusaciones falsas”, concluye el PP, recordando respecto a este último punto que el pleno se convocó a instancias del PSOE “sólo para este tema, ya antiguo y conocido, un día antes del pleno ordinario, que se negó en rotundo a incorporar las mociones a este último y que con ello han percibido 5.000 euros por su asistencia, más otros tantos por el ordinario”.

El propio Gonzalo Cuesta realizó ayer unas declaraciones respondiendo a las críticas del PSOE: “Tengo la conciencia absolutamente tranquila; no he hecho nada ilegal, absolutamente nada, y eso está avalado por informes técnicos y jurídicos emitidos en su momento por la Secretaría municipal. Esto forma parte de la estrategia del Partido Socialista desde hace un año. Son muy libres de emplear este tipo de política rastrera, pero como han decidido judicializar la vida política, que actúe la Justicia y que cada uno asuma luego sus responsabilidades”.