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El futuro de la Dehesa de las Latas enfrenta a vecinos y grupos de la oposición con el Equipo de Gobierno

El futuro de la Dehesa de las Latas enfrenta a vecinos y grupos de la oposición con el Equipo de Gobierno

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
La Dehesa de las Latas ha acabado con la calma que reinaba en Colmenarejo desde que se inició esta legislatura. Esta finca es una de las mayores del municipio y donde, posiblemente, se ha registrado el mayor número de denuncias urbanísticas y ambientales en los últimos años. Los propietarios de la Dehesa de las Latas, que figuran como Holding Inverlasa, han solicitado al Ayuntamiento de Colmenarejo que la finca sea declarada de Interés Social. Y ha sido el conocimiento de esta petición al Consistorio lo que ha despertado las sospechas de asociaciones vecinales, conservacionistas y de todos los grupos de la oposición política, a excepción de Vico. La respuesta vecinal ha sido tan contundente que el pasado fin de semana se creó la Plataforma Ambiental Defensa Ambiental de la Finca Las Latas.

Pendientes de los juzgados
Entre las irregularidades denunciadas la pasada legislatura figura el vallado de piedra, de excesiva altura y mínimos pasos de fauna, que circunda la propiedad entre la Cañada de las Merinas y la carretera de El Escorial. Por otra parte, se supo que se había construido un tentadero en su interior, sin las preceptivas licencias municipales. Cabe destacar que antes de abandonar la Alcaldía el año pasado, la ex regidora Mª Isabel Peces-Barba (APIC, ahora diputada regional del PSOE), “facilitó la legalización del citado vallado”. Esta finca, así como el palacete y las construcciones anexas, se encuentra plenamente integrada en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Por ello, cuando comenzaron a detectarse actividades de rehabilitación en el terreno y en las edificaciones, los agentes forestales del citado Parque Regional iniciaron inspecciones que derivaron en denuncias judiciales. Estas denuncias, secundadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se mantienen bajo secreto de sumario. Por ello, los vecinos del municipio no pueden conocer con exactitud los delitos denunciados ni el momento procesal en que se encuentran.

Una vía para esquivar la justicia
Los integrantes de la Plataforma Ambiental Defensa de la Finca de Las Latas están convencidos de que la solicitud de declaración de interés social, por parte de los propietarios, sólo busca una vía para esquivar la acción de la justicia en sus casos aún pendientes. Por ello, no entienden los motivos que puedan llevar al PP y a Vico a apoyar esta presunta maniobra, a pesar de las recurrentes promesas de empleo local y promoción del municipio que exponen los propietarios.

En el pleno ordinario de ayer jueves por la tarde, salvo cambio de última hora, el PP tenía previsto aprobar dicha solicitud, algo que sólo podía hacer con el apoyo de algún grupo de la oposición, en este caso VICO. Por su parte, la plataforma vecinal mantenía la convocatoria de asistencia al pleno para mostrar su rechazo a este acuerdo.

La explicación del PP
Ante la puesta en marcha de esta plataforma, el Partido Popular emitió un comunicado el pasado fin de semana, explicando las actividades que, a su entender, merecen dicha declaración de interés social.
“Estas actividades consistirían en la creación de una ganadería de reses bravas (bajo el hierro de Las Latas – Colmenarejo) y también de otra de ganadería equina, así como diversos programas de formación relacionada con la ganadería, cría y doma, y la divulgación de estas actividades con mención expresa de Colmenarejo. Además, se establecerán convenios de colaboración con universidades (Complutense y UAX) para la investigación de métodos de inseminación en un laboratorio creado a tal efecto y, por último, muestras y ferias ganaderas y un museo taurino, actividades de investigación y desarrollo en el marco de esas actividades”. En dicha memoria se incluye la promesa de crear “30 empleos directos, 10 de ellos a jornada completa”, además de “sumar otros indirectos derivados de suministros varios y materiales, piensos, servicios veterinarios, etc”.

Respecto a las numerosas irregularidades cometidas en esta finca, el partido en el gobierno aclara que muchas de esas actuaciones irregulares “ya se están remediando hoy día, habiendo sido concedidas y cobradas numerosas licencias de obra relacionadas con estas por el gobierno saliente de APIC, PSOE e IU”. Y en cuanto al posible impacto medioambiental que derivase de la construcción de instalaciones para realizar las actividades descritas en la memoria, el PP asegura que “se encuentran mitigadas por el hecho de que muchas ya están disponibles”. Por todo ello, el partido gobernante estima que este proyecto no supondrá un incremento “notable” del impacto ambiental. Y está convencido de que el impacto “económico y social de este proyecto parece sumamente beneficioso para Colmenarejo y todos sus vecinos: mayores ingresos para el Ayuntamiento, más empleo para los vecinos y actividades de ocio gratuitas, así como el incremento de recursos turísticos en nuestro municipio”.

Engañar con falsas promesas
Sin embargo, los integrantes de la Plataforma tienen claro que se pretende “engañar al pueblo con falsas promesas de creación de puestos de trabajo y de promoción del nombre de Colmenarejo. Además, se prevén muchos efectos indirectos no deseables que no se atreven a decir. La aprobación de declaración de interés social supondría la legalización y perdón administrativo de serias infracciones previamente cometidas, en un claro e inaceptable ejemplo de discriminación hacia el resto de vecinos. En este sentido, esta aprobación representaría un primer paso para posteriores actuaciones que degradarían aún más el bello, pero frágil, Parque Regional del Guadarrama. Lamentablemente, dos partidos políticos (PP y VICO) van a hacer posible la aprobación de esta propuesta, que sólo se puede detener por una acción popular decidida y ejemplar en defensa de la integridad ambiental del término municipal de Colmenarejo”.

La polémica Ley del Suelo
En esta plataforma no tienen ninguna duda de que la intención de los propietarios es acogerse al carácter retroactivo que la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid permite para delitos urbanísticos y ambientales. En concreto, desde la plataforma citan el artículo 8 de la citada Ley del Suelo (8/2007), para explicar sus temores: “Podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social. ¿Y cuál es la mejor fórmula para convencer a cualquier Ayuntamiento hoy en día? Prometer inversiones y publicidad para el municipio. Pero sobre todo, empleo”.

De hecho, ya hay vecinos que comparan este caso, salvando las distancias, con el macroproyecto americano de una ciudad del juego en Madrid, en el que se primarían las inversiones antes que la legalidad. En ambos casos surgen serias dudas acerca de las ayudas oficiales para esquivar la Ley y, sin duda, sobre la veracidad de las promesas en cuanto a la creación de empleo.

El Faro del Guadarrama intentó en dos ocasiones contactar con la alcaldesa, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
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