Despilfarro y presuntos recortes

Es obvio que el déficit que arrastra nuestra administración se debe a los escandalosos despilfarros denunciados fehacientemente en los últimos años por políticos rivales y medios de comunicación independientes. Se ha gastado mucho y mal, sin sentido, sin medida y, lo que aún es peor, con evidente impunidad. No se han exigido cuentas a los derrochadores. Desde el bando socialista hay quienes se atreven a pedir a los nuevos regidores del PP que no siembren más dudas sobre las deudas por ellos contraídas e, incluso, les acusan de manipular las cifras del déficit que han venido amasando con su pésima gestión. ¿Acaso aún pretenden seguir maquillando dicha deuda? Poco a poco se irá conociendo el estado real de las cuentas; pero que nadie dude ya que la mayoría de los ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio Estado se encuentran endeudados hasta las pestañas. ¿A cuento, pues, de que viene negar tan dolorosa evidencia?
Y mientras tanto el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, omnipresente en los medios periodísticos, propone eliminar las diputaciones provinciales y suprimir ayuntamientos; no les falta punta de razón a los ‘peperos’ cuando se malician que los socialistas respiran por la herida de haber perdido en las últimas elecciones la mayoría de los gobiernos autonómicos y municipales; no sorprende que Rajoy y adlátares lancen piedras sobre el tejado de cristal de la biografía política de don Alfredo; signo inevitable de los mandos duraderos, que naturalmente se utiliza como carne de cañón en el juego inmisericorde de los partidos. A cualquiera se le ocurre preguntarse por qué Pérez Rubalcaba no intentó llevar a cabo ese desmoche de diputaciones y ayuntamientos en sus largos años de ministro cuando tuvo tiempo y poder para proponérselo. Evidentemente, hoy su declaración suena a promesa electoral y por tanto no merece más valor que el que el Viejo Profesor concedía a esa especie de falsos guiños al votante. En histórica ocasión, Manuel Azaña manifestó su desprecio a los ‘burgos podridos’, que venían a ser los pueblos que votaban a la derecha.

De cumplirse el propósito del candidato socialista, numerosos ayuntamientos pagarían los platos rotos del desmadre económico habido en los últimos años. El afán de recortes se impondría a la política municipal de tan noble tradición en España, resultando baldío el principio de la cercanía del administrador y los administrados que justificó la teoría del régimen autonómico; ninguna administración resulta tan ventajosamente cercana como la municipal.

Tal vez sean imprescindibles y urgentes ciertos cambios estructurales de la administración. Pero llama la atención que se comience por la parte más débil y económicamente menos significativa. La poda, para ser realmente efectiva, debe comenzar por una racional reducción de mamandurrias clientelistas, asesores de todo tipo y cargos políticos manifiestamente innecesarios. En cualquier caso, no parece justo, ni conveniente, ni realmente posible adelantar su “San Martín” a los ayuntamientos. Tampoco resolvería definitivamente el problema limitar el déficit sin poner coto al despilfarro. Entiendo que va a ser muy difícil enderezar el árbol torcido, como difícil es conseguir que toda una generación de políticos habituados a la molicie, al coche y teléfono oficial, al viaje todo incluido, al clientelismo a golpe de talonario público, pueda ser reeducado de la noche a la mañana en el principio de la austeridad rigurosa. En fin, confiemos en que con la que está cayendo la parábola del hijo pródigo se haga realidad en buena parte de los profesionales de la política.

De no ser así y con todo mis respetos a la petición realizada recientemente por la Defensora del Pueblo en el Congreso de los Diputados de que se castigue como delito el despilfarro público, y si tuviésemos que meter en la cárcel a todas las autoridades públicas que incurriesen en ello, ¿no sería otra despilfarro convertir este país en una gigantesca penitenciaría?