El Ejecutivo de Torrelodones pierde capacidad de maniobra en la Junta de Gobierno

Quedan algo menos de ocho meses para las elecciones municipales de mayo de 2007. Poco tiempo para unos y demasiado para otros, especialmente, si como ocurre en Torrelodones y Alpedrete, sus ejecutivos están en unas condiciones de gobernabilidad bajo mínimos, en ambos casos con ediles que formaban parte del Equipo de Gobierno del PP y que se han alineado con el resto de grupos de la oposición.

En Torrelodones, después de dos plenos en que Reyes Tintó y Jesús María Pacios habían paralizado el proyecto del parking subterráneo de la calle Real, el pasado jueves, como aventurábamos en el último número de El Faro del Guadarrama, la ruptura se materializó de manera definitiva. La sesión, explican fuentes municipales, “discurrió con normalidad en los primeros 11 puntos del orden del día, hasta llegar al número 12”, relativo a los asuntos de urgencia. Fue entonces cuando los tres partidos de la oposición (PSOE, IU y AVIT) presentaron una moción solicitando la creación de una comisión especial para tratar las informaciones aparecidas en prensa en las últimas semanas en relación a supuestas irregularidades cometidas por el Ejecutivo, presidido por Carlos Galbeño. Esta iniciativa, que según indican desde el Ayuntamiento, “puede contribuir a aclarar la verdad sobre todo lo publicado y demostrar así la transparencia con que ha actuado el Gobierno municipal”, fue aprobada por unanimidad.

Las competencias
Pero fue la siguiente decisión la que pone al Ejecutivo en un aprieto, complicando la gobernabilidad del Consistorio de aquí al final de la legislatura. En concreto, PSOE, IU y AVIT, con el apoyo de Tintó y Pacios, aprobaron una moción de urgencia para proponer la retirada de las competencias delegadas por el pleno a la Junta de Gobierno el 28 de junio de 2003. Desde el Partido Popular, su portavoz, Fernando González, señaló que el PP votaría en contra, “puesto que en términos reales suponía que se condenara la actuación llevada a cabo por el Equipo de Gobierno durante la presente legislatura, sin dar oportunidad siquiera a que se celebrara la comisión especial informativa”.

Finalmente, se dio el visto bueno (con el mismo equilibrio de fuerzas reseñado anteriormente) a una moción de Izquierda Unida en la que se solicitaba a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que emitan un informe sobre el recurso de reposición de IU sobre la decisión del pleno del 18 de julio, relativa a la aprobación del Plan Especial de Las Marías. Ante esta situación, el regidor, Carlos Galbeño, advirtió a todos los concejales sobre las consecuencias que podría tener la paralización de esta iniciativa, ya que existe la posibilidad de que los particulares afectados emprendan acciones judiciales contra el Ayuntamiento y los ediles que apoyasen la moción.

Tampoco la situación es mucho más favorable para el Equipo de Gobierno de Alpedrete, presidido por Marisol Casado (PP), si bien aquí la edil que sumó su votó al de la oposición, Esperanza Vilches, ya figura como no adscrita después de que fuera expulsada del Partido Popular tras tramitarse el correspondiente expediente, algo que aún no ha ocurrido en Torrelodones, donde Tintó y Pacios todavía forman parte del grupo municipal del PP.

Los límites de la responsabilidad
Alpedrete arrastra esta situación desde hace meses, y el pasado viernes, 29 de septiembre, las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante sus propuestas quedaron de manifiesto una vez más. “La oposición demuestra que su responsabilidad tiene unos límites muy pequeños. Ya sabemos que nos hemos quedado en minoría, no hace falta que nos lo recuerden todos los días”, señalaba la alcaldesa en una rueda de prensa celebrada el martes. “Nos han echado abajo la ordenanza de precios públicos del Centro Cultural, que incluía bonificaciones para algunos colectivos”, indicaba Casado, si bien añadía que estas ayudas podrán salir adelante a través de la Junta de Gobierno. No ocurrirá así con la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que introducía bonificaciones para las familias numerosas, así como un descuento del 10 por ciento por la instalación de paneles solares en las viviendas.

Entre los puntos que el PP no pudo aprobar también está una modificación presupuestaria para hacer frente a los intereses de demora (algo más de 8.000 euros) tras iniciarse un pleito con un constructor que realizó unas obras en el Ayuntamiento a las que los populares encontraron numerosas deficiencias. Sin embargo, explicó Marisol Casado, las fotografías que acreditaban el estado de los trabajos se habían perdido, por lo que no pudieron demostrar los errores denunciados.
“También llevábamos una partida para equipos informáticos”, manifestó la regidora, añadiendo que en este aspecto están en una situación “tercermundista”. “La empresa que realizó las mejorar nos regaló un programa de gestión de expedientes que no hemos podido instalar porque los equipos que tenemos no son actuales. Los beneficiarios de esta medida serían los ciudadanos y por supuesto nuestros trabajadores”, explicaba Casado en el transcurso de la rueda de prensa. “Así no vamos a ningún sitio. Lo que no puede ser es el no por el no”, indicó la regidora. Tampoco salió adelante la aprobación de una partida para la Asociación de Desarrollo Guadarrama Alto Manzanares (ADESGAM), referente a la puesta en marcha de “un ambicioso proyecto de turismo y comercio”. “Los perjudicados van a ser una vez más los vecinos, y en concreto los comerciantes”, señalaba Casado. Igualmente rechazada fue una propuesta para comprar nuevo vestuario para la Policía Local.
“Espero que los ciudadanos entiendan el juego en el que ha entrado la oposición”, aseguró Casado, quien además manifestó que el rechazo de la oposición había impedido que se rescindiera el contrato con la empresa externa que desde hace años se encarga de la recaudación, cuando “la legislación dice que es algo que tiene que hacer el Ayuntamiento”.

Finalmente, PSOE, IU y UNPA, con el apoyo de la concejala no adscrita consiguieron sacar adelante una moción sobre la celebración de los plenos, que regresarán al horario de tarde (los jueves a las 19.00 horas) y no por la mañana como hasta ahora. Esto supondrá, terminó Marisol Casado, tener que buscar una nueva ubicación para las 17 personas que acudían a clase en el salón de actos del Centro Cultural.