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La España autonómica

L. Caramés

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Mientras la administración ordinaria de la cosa pública sigue sus rutinas, la ciudadanía comienza a preocuparse por la posible implosión institucional del Estado. Y es que, al menos aparentemente, la política que ha seguido el presidente Rodríguez Zapatero acabó por debilitar el pacto constitucional de solidaridad, al tiempo que no supo contrarrestar la idea rampante de que todos los males proceden de las autonomías.
Así que, al lado de una realidad objetiva que habla de un más que raído Estado nación, sin que un nuevo paradigma del poder europeo lo releve, la asimetría de facto se va instalando en las relaciones verticales y se envalentonan -también- aquellas voces que nunca aceptaron una España compuesta. Sólo quien no quiera ver negará que estamos ante un riesgo de fragmentación, pero no se trata necesariamente de un corolario del Estado de las Autonomías. Más bien es la consecuencia de una política con rasgos aventureros, unida a la pérdida de capacidad de compromiso, tan eficaz en la transición. Por encima, lo nubarrones de la crisis han oscurecido más el ya frágil modelo.

Cuando buscábamos referencias en los estados federales que tienen problemas, pero no complejos para solucionarlos, caemos en la cuenta de que nuestra falta de vigor constitucional proviene, en gran parte, de la imprevisión o la incapacidad de los constituyentes para diseñar la Carta Magna, de tal modo que resultasen inocuas las presiones centrífugas. Ha desaparecido así, en la práctica, la idea del interés general y, por más que hayamos sido originales en 1978, dotándonos de una gran flexibilidad, hoy ya no sabemos si de un diseño ejemplar hemos pasado a un auténtico dilema.

Sin dramatismo, pero con los pies sobre el terreno menos firme de lo que sería deseable, mirando hacia Bélgica como el ejemplo a no seguir, deberíamos ser capaces, entre todos, de sentarnos y hablar. Discutir sobre solapamientos de competencias -tanto centrales como autonómicas-, suprimir multitud de entes prescindibles, volver sobre el cumplimiento de la lealtad institucional, reformar de verdad el Senado, adelgazar la administración local, hacer compatible la multilateralidad con los vis a vis entre Gobierno central y ejecutivos autonómicos, alejarse de los victimismos crónicos...

La España autonómica fue una aportación más que interesante de la reforma política, pero está urgiendo retoques, no sólo de chapa y pintura. Son necesarias reglas de juego y olvidar el alcanfor del eterno retorno.
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