La Agrupación Socialista de Collado Villalba ha sido de las más madrugadoras a la hora de presentar a los componentes de su candidatura a las próximas elecciones municipales, tal vez animados por ese viejo dicho que reza “al que madruga Dios le ayuda”, porque en esta ocasión es posible que necesiten hasta la ayuda divina para conseguir su objetivo, que no es otro que seguir gobernando este municipio. De momento, casi un 30 por ciento de los militantes que asistieron a este acto votó en contra de una lista que nuevamente estará encabezada por su secretario general y actual alcalde, José Pablo González Durán, y que según él “conjuga la continuidad del núcleo fuerte del Ejecutivo [los 11 primeros de la lista] con la incorporación de personas nuevas” - estos incluidos entre los números 12 y 25-, que obviamente tienen muy difícil hacerse con el acta de concejal, aunque no imposible, sobre todo si el PSOE pierde estos comicios. ¿O acaso alguno de ustedes se imagina a González, Sierra, Cercas, Luis García del Hueso o Rosana Crespo en los bancos de la oposición percibiendo como únicos emolumentos las exiguas cuotas por asistencia a plenos? Si las bajas van a ser tantas como ahora muchos presuponemos, la lista correrá y ello beneficiará a los del ‘furgón de cola’, dicho sin ningún ánimo de ofender.
En cuanto al titular con el que abrimos hoy esta sección, “Un candidato bajo sospecha”, es el mismo que, el pasado lunes, utilizó ABC para encabezar la noticia relacionada con la creación de una comisión de investigación, solicitada ayer por parte del grupo municipal del PP. A través de 50 preguntas, el portavoz popular, Agustín Juárez, pidió explicaciones tanto al alcalde, José Pablo González, como al por entonces concejal de Urbanismo (hoy de Hacienda), José Antonio Gómez Sierra, sobre sus relaciones con los los constructores José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez Milara, propietarios de las empresas Cover e IGS-Villalba, beneficiarias de varias obras municipales (entre ellas el túnel-parking de Honorio Lozano) y adjudicatarias de diferentes concursos y subastas, y con los que González pasó, en compañía de sus respectivas familias, la Nochevieja de 2006 en el hotel Grau Roig de Andorra, así como el viaje realizado por Gómez Sierra y su familia a Punta Cana acompañado de Gómez Paredes, al que previamente le había adjudicado las tres fases de remodelación del P-29. Las fotografías correspondientes a estos viajes y estancias, tanto en República Dominicana como en el Principado de Andorra, fueron publicadas por varios periódicos y televisiones, tanto de ámbito nacional como local (entre ellos ABC y El Faro del Guadarrama), provocando la indignación entre los vecinos de este municipio, y de manera especial entre los afiliados y simpatizantes socialistas, como ustedes pueden apreciar en esta misma página, concretamente en la sección “Villalba como la queremos”, algo que sin duda va a seguir en candelero tras lo sucedido en el pleno de ayer, donde el Ejecutivo local dio la callada por respuesta a las preguntas realizadas por la oposición, recurriendo de nuevo al rodillo de su mayoría para rechazar la pertinente comisión de investigación. ¿Y ahora qué? Me temo que, dado el cariz que ha tomado el asunto, solamente los jueces podrán desenredar este ‘embrollo’ político-económico-empresarial.
Carmen Díaz, alcaldesa de El Boalo, supera su ‘via crucis’
Después de estar casi tres años en el “ojo del huracán político”, Carmen Díaz Carralón, alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, acaba de superar su personal ‘via crucis’ judicial tras la resolución tomada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo de archivar y sobreseer la causa donde se le imputaba un presunto delito de cohecho. Este delicado asunto que, según ha dicho la regidora popular a nuestro periódico (página 13) “me ha hecho sufrir mucho durante el tiempo que ha durado el proceso”, ha quedado definitivamente finiquitado, dado que Antonio Gata, propietario de la constructora ‘Cergasa S.L.’, que acusaba a a Carmen Díaz Carralón de pedirle 120.000 euros a cambio de no paralizar la construcción de una promoción de viviendas en el municipio de Cerceda, aportó como única prueba la grabación de varias conversaciones con la regidora, grabaciones que fueron rechazadas por los expertos al no reunir estas siquiera los requisitos mínimos para ser analizadas, lo que provocó de inmediato que el Partido Socialista -que se había personado en esta causa como acusación particular- se retirara de la misma. Y ante hechos tan contundentes, la parte demandante decidió renunciar a presentar recurso.
Bien, finalizado el proceso judicial, la alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, pese a todo lo que se ha podido comentar sobre este contencioso durante los últimos dos años, tiene todo el derecho del mundo a recuperar su credibilidad política y moral, si bien me temo que sus más acérrimos enemigos seguirán poniendo en duda la misma, aunque sea con la boquita pequeña, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos a la vuelta de la esquina de una convocatoria electoral en la que de nuevo va a estar en juego la Alcaldía de uno de los municipios más complejos y difíciles de gobernar de la Comunidad de Madrid, dada su peculiar composición territorial, y, además, cuando todo indica que Díaz Carralón volverá a presentarse a la reelección como cabeza de lista del Partido Popular.
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