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Nuevos quebraderos de cabeza para la alcaldesa de Alpedrete en la recta final de la legislatura

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Cuando parecía que las aguas bajaban tranquilas para la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, el Equipo de Gobierno se encontró en la comisión informativa celebrada ayer con el rechazo de UNPA a la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana, lo que abre una incógnita de última hora acerca del futuro de un PGOU cuya aprobación el Partido Popular ya daba por segura.

Por otra parte, y a la espera de lo que pase hoy mismo en el pleno extraordinario -el grupo independiente ya protagonizó un sonado cambio de rumbo en este tema-, la regidora sí tiene la certeza de enfrentarse desde este mismo momento a un nuevo frente, en este caso de corte judicial: la denuncia por un supuesto caso de prevaricación, relacionado con la contratación de dos personas a través de un decreto de Alcaldía que Comisiones Obreras considera irregular, asegurando que debería el proceso debería haberse seguido “garantizando los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, así como la publicidad de las convocatorias y de sus bases y de la transparencia del procedimiento”. Además, el sindicato afirma que llueve sobre mojado, manifestando que se trata de una práctica habitual en este Ayuntamiento. Al margen de lo que acaben dictaminando los tribunales (el Ejecutivo defiende la legalidad de su actuación y anuncia que exigirá las correspondientes responsabilidades por calumnias y acusación falsa), el hecho de que la denuncia se produzca a pocos meses de las elecciones -cuando los hechos se remontan a julio del año pasado- denota un evidente interés político, lo que podría acabar empañando los argumentos de la querella, sin olvidar que CC OO ha optado en este caso por la vía de lo penal, mientras que hace un año, en un caso parecido, se decantó por lo contencioso-administrativo, que parece el camino más indicado (aunque ciertamente no el más rápido) para resolver este tipo de conflictos.

En todo caso, y este es un mensaje que debe trasladarse a todos los ayuntamientos y no únicamente al de Alpedrete (de hecho cabría añadir de forma triste aquello de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra), las distintas corporaciones deberían esforzarse al máximo por garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos en el acceso a la oferta pública de empleo, evitando todo tipo de especulaciones (muy habituales, sin ir más lejos, en el Consistorio de Collado Villalba), así como la perpetuación de un amiguismo que hace tiempo debería estar absolutamente desterrado de la práctica municipal.
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