Varapalo del interventor municipal a las prácticas contables del Ejecutivo socialista
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Collado Villalba (PP, Izquierda Unida y ADEI) votaron en contra de los presupuestos elaborados por el Ejecutivo socialista para 2011, cuyo importe asciende a 61,8 millones de euros. Los portavoces fueron unánimes a la hora de calificar estas cuentas como el mejor exponente de la agónica situación por la que atraviesan las arcas municipales, poniendo en duda su legalidad en función del dictamen elaborado por el interventor municipal, Alfonso-Vidal Delgado Caminero, informe al que ha tenido acceso El Faro del Guadarrama y que, tras un pormenorizado análisis , nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: la legislación obliga a las corporaciones municipales a presentar el presupuesto antes del 10 de octubre de cada año y concede 10 días al interventor del Ayuntamiento para que lo analice y emita su informe, pero el Ejecutivo villalbino lo propuso casi tres meses después y apenas le dio 24 horas al interventor, al remitírselo el 27 de diciembre para que lo informara ese mismo día. Según Delgado Caminero, éstas constituyen dos irregularidades legales que dificultan de forma manifiesta el ejercicio de control y, lo que aún es más grave, es una actitud reincidente, ya que el año anterior habían hecho lo mismo. Por este motivo, afirma, el informe “se emite con las limitaciones evidentes, dada la premura”.
Otro de los aspectos polémicos que recoge el informe es el referido al déficit del año 2009, que ascendió a 17,6 millones de euros. Según la Ley, existen tres opciones: se deben reducir gastos por ese mismo importe inmediatamente, solicitar un crédito para atender esas pérdidas o presentar un presupuesto con un superávit igual a esos 17,6 millones en el siguiente año. Ninguna de las tres se ha realizado, por lo que vuelve a insistir en que “se incumple el expresado mandato legal”.
En cuanto a las inversiones para 2011, el Ejecutivo afirma que este coste se atenderá con los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo, aseveración que el interventor pone en duda, ya que no se acredita de qué manera se realizarán dichos ingresos, asegurando además que, dado que ya se han comprometido a pagar gastos de años anteriores con ese dinero, si no se consiguen realmente esos ingresos se incurrirá en “incumplimientos contractuales con las consiguientes responsabilidades legales”.
Omisiones y críticas
Otra de las críticas a las prácticas contables del Ejecutivo se refiere a la deuda contraída con el Ministerio de Hacienda que este Consistorio deberá pagar en cinco años, a razón de 437.000 euros anuales. Esta cantidad será restada del importe que el Estado transfiere cada ejercicio al Ayuntamiento, un descuento que es omitido en los presupuestos presentados para ofrecer un equilibrio presupuestario no creíble.
En cuanto a lo presupuestado como gastos corrientes (alumbrado, jardines, limpieza, etc.), el interventor entiende que la reducción prometida en este apartado puede acabar siendo otra promesa que se lleve el viento, y pone como ejemplo los gastos de consumo eléctrico, que durante 2010 superaron ampliamente lo presupuestado para ese ejercicio y, sin embargo, para este 2011 la Concejalía de Hacienda dice que serán mucho menores, aunque en ningún caso explique cómo se acometerá ese ahorro, por lo que el interventor duda de la veracidad de este dato.
Probablemente estas dudas tengan parte de su origen en los incumplimientos por el Equipo de Gobierno del Plan de Saneamiento aprobado en julio de 2009, incumplimientos a los que el interventor hace referencia en varias ocasiones en su informe, con evidente espíritu crítico a la credibilidad de los presupuestos presentados, de ahí que los grupos de la oposición plantearan en esta sesión plenaria que resultaba imprescindible actualizar el citado documento. Además de estos aspectos, hace referencia a asuntos más técnicos, en los que se incumplen las normas y leyes, como la distinta consideración de algunos gastos para contabilizar de manera más favorable para el Ejecutivo o también la realización de gastos no presupuestados y cuyo importe asciende actualmente a más de 1 millón de euros, cantidad que el interventor considera desorbitada dado el carácter extraordinario que deben tener estos gastos según la normativa contable.
En todas estas irregularidades se sustenta el rechazo unánime de los grupos de la oposición a la aprobación de las cuentas municipales de un Ayuntamiento cuya tesorería, como dijo Agustín Juárez, portavoz del PP, “está pasando por una grave situación que es la consecuencia de una pésima gestión”, señalando al alcalde, José Pablo González como máximo responsable de la misma.
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