El punto final al asunto lo saldó con la cantinela de siempre: “esta ciudad se juega su futuro en términos de competitividad en relación con las operaciones comerciales que están proyectadas en otros municipios y voy a explicar que hay detrás de todo esto” Y eso es precisamente lo que tenía que hacer, explicar a los ciudadanos en general y en especial al colectivo comercial de este municipio los motivos que tiene el regidor villalbino para, de la noche a la mañana, convocar un pleno urgente y extraordinario (se está celebrando esta misma mañana), en vísperas de Nochevieja para debatir, al rebufo de los presupuestos municipales para 2011, el expediente de contratación de los terrenos destinados a la construcción de una gran área comercial, asunto que parecía aparcado tras el dictamen del secretario municipal en el que más o menos venía a decir que Eurofund Investsments La Villa S.L., única empresa litigante que tiene previsto volver a presentarse, no garantizaba los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos exigidos en el pliego de condiciones de este concurso.
Lo lógico era que a fin de evitar nuevas polémicas, se redactara un nuevo pliego donde quedaran a buen recaudo los intereses económicos del Ayuntamiento y garantizara plenamente la solvencia de la empresa adjudicataria. Evidentemente todo eso requiere un tiempo del que, al parecer, no dispone el Ejecutivo villalbino que parece dispuesto a cerrar definitivamente este asunto antes de las elecciones de mayo, aún sabiendo que el coste político para el grupo socialista va a ser muy alto. González, días después de declarar desierta la adjudicación, anunció que sería el nuevo gobierno municipal quien adjudicase este concurso, pero o bien ha cambiado de idea o alguien le ha presionado para que lo haga, sobre todo tras conocerse los resultados de una encuesta que augura al PP local una amplia victoria, rozando la mayoría absoluta, en los próximos comicios.
Las críticas de los vecinos a sus alcaldes son constitucionales
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que “los ciudadanos tienen derecho a criticar a su alcalde, sobre todo cuando se trate de un asunto relacionado con la gestión municipal que afecte a los vecinos” en una novedosa y reciente sentencia, que anula otras dos de la Audiencia Nacional y del Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid en las que, como recoge la información que publica hoy nuestro periódico, se condenaba a Félix Martín Badiola, propietario del restaurante “Félix El Segoviano”, de Navacerrada a una multa de 3.000 euros por ‘injurias graves’ con publicidad contra el alcalde de este municipio serrano, Pablo Jorge Herrero.
Félix Martín consideró lesionados sus intereses tras la construcción de un edificio junto a su establecimiento y una vez agotada la vía de las reclamaciones oficiales, el restaurador serrano optó por colgar en las paredes de su restaurante (año 2002), carteles en los que criticaba la gestión del regidor, con frases como “el alcalde concede licencias urbanísticas irregulares”, “ha colocado de recaudador municipal a un amigo” o “se burla de la justicia”, críticas que fueron muy comentadas por entonces tanto por vecinos como clientes.
El Tribunal Constitucional considera que la condena de Félix Martín “vulnera el derecho de la libertad de expresión y difusión libre de pensamiento que tiene todo ciudadano, y más aún, si la crítica recae sobre un cargo público, respaldando no sólo el derecho de crítica de los ciudadanos respecto de sus cargos electos, sino la obligación que tienen estos de aceptarlas y más aún cuando en esa censura no subyacen términos vejatorios ni la crítica es gratuita”.
Ahora el alcalde tendrá que devolver al vecino los casi 3.000 euros que este ya le había pagado durante este tiempo a razón de 100 euros mensuales.
El ‘chapuzón’ económico de la piscina de Torrelodones
Otro desliz del Ejecutivo torrelodonense a falta de cinco meses para que finalice la legislatura le puede costar a las ya de por sí bastante escuálidas arcas municipales 205.320 euros, asunto que será objeto de debate hoy, jueves, en la sesión plenaria que celebra el Ayuntamiento de Torrelodones. Este escabroso tema está relacionado con la explotación de la piscina municipal, más concretamente con los cursos de natación impartidos durante los últimos tres meses, sin previa consignación de la pertinente partida presupuestaria, sin conocimiento de los grupos de la oposición y en una decisión tomada por el Equipo de Gobierno de forma unilateral a la hora de encomendar esta labor a una empresa formada por trabajadores pertenecientes a la anterior adjudicataria, que no era otra que la Federación Madrileña de Natación, quien dejó de prestar sus servicios debido a la deuda que mantenía con ella el Consistorio. En el pleno de hoy el debate surgirá cuando el Ejecutivo presidido por Carlos Galbeño plantee la aprobación de un reconocimiento extrajudicial para pagar dicha deuda, algo que Juan D. Bidart, portavoz del grupo municipal del PSOE, ha calificado como un “cúmulo de despropósitos que surgen desde el momento en el que el Gobierno popular intenta privatizar este servicio sin antes haber sido capaz de presentar a tiempo las bases del pertinente concurso de adjudicación. El parche con el que el PP ha intentado cerrar esto se ha convertido en un regalo de Navidad que pone de manifiesto que el asunto de la piscina municipal de Torrelodones no es una chapuza, sino un chapuzón”.
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