Proyecto Verde denuncia que las obras del ‘Colmenario’ han empezado sin ajustarse a la Ley del Parque Regional

El Ayuntamiento de Colmenarejo ha iniciado las obras del polémico colmenario, actuación que se financiará a través del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E). Como ya adelantó El Faro del Guadarrama el pasado mes de abril, el grupo conservacionista Proyecto Verde denunció que se trata de “un proyecto que podría ser ilegal y que afectará a suelo no urbanizable de especial protección, incluido en un espacio protegido”. Tal y como señalaba este colectivo entonces, y se reafirma ahora,“no consta respuesta favorable de la Dirección General de Evaluación Ambiental a las modificaciones del proyecto solicitadas al Ayuntamiento”.

A pesar de aquellas advertencias, el Equipo de Gobierno que dirige Mª Isabel Peces-Barba (APIC) ha dado luz verde al inicio de las obras. Esto podría suponer, tal y como indicaban los ecologistas, “el incumplimiento de las disposiciones de los Planes de Ordenación del Embalse de Valmayor y del Parque Regional del Guadarrama, además de vulnerar la Ley del Suelo, al no haberse sometido el proyecto a información pública”.

En el Defensor del Pueblo
Antes de acudir a otros organismos e incluso a los tribunales, Proyecto Verde remitió un escrito al Defensor del Pueblo, pidiendo su intervención. Dicho organismo respondió interesándose por este proyecto, solicitando mayor información.

Dentro de la documentación remitida, señalan, destaca la explicación sobre el funcionamiento del Parque Regional y la actuación que ha tenido la regidora en este controvertido tema. Un proyecto para al que hay que remontarse al año 2001, cuando fue autorizado con la condición de no alterar la edificabilidad, como ocurre siempre en las actuaciones urbanísticas situadas dentro del Parque Regional. Sin embargo, desde esta asociación aseguran que las fotografías ilustran claramente que esta exigencia no se ha cumplido: “La Junta Rectora informa favorablemente en sesión de 10 de enero 2002 la modificación puntual que posibilita la redacción de este proyecto de Centro de Interpretación de La Colmena, pero no informa, ni aprueba, ni podría haberlo hecho, el proyecto arquitectónico y la obra, redactado siete años después. Dicho informe, recogido en el apartado b) sobre actuaciones, trabajos y obras no se ha evaluado, y eso a pesar de que el pasado 25 de febrero de 2010 se reunió este órgano en la Consejería de Medio Ambiente, al que asistió la alcaldesa de Colmenarejo, y al que no llevó este asunto, probablemente para evitar su rechazo expreso. La modificación puntual de Normas Subsidiarias de 2002 y el proyecto citado de 2009 son administrativamente independientes y requieren aprobaciones independientes, sin que exista exención alguna que pueda justificar construir en este espacio altamente protegido, sin la aprobación de la Junta Rectora del Parque Regional del Guadarrama. Por lo tanto, esta obra no cuenta ni puede contar con la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente”.

Obligaciones e incumplimientos
Según explica el colectivo ecologista de Colmenarejo, el proyecto incumple además obligaciones sobre el tratamiento de sus aguas residuales; la reforestación y, principalmente, “incumple la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto que ni siquiera se ha sometido a dicha evaluación. Ello a pesar de estar obligado, entre otras disposiciones, por la Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Comunidad de Madrid”. En este punto, como reconocen los denunciantes, cabe destacar que el director general de Evaluación Ambiental consideró “de escasa entidad las actuaciones previstas en el proyecto y resolvió no someterlo a procedimiento alguno de evaluación de impacto ambiental”. Algo que, evidentemente, los conservacionistas no comparten viendo la magnitud de las obras, y por ello lo incluyen dentro de las irregularidades y posibles incumplimientos legales de otras administraciones en todo este polémico proyecto. A todo ello, añaden la falta de información pública y, por consiguiente, denuncian igualmente la vulneración del derecho constitucional a la participación ciudadana.