El alcalde anuncia nuevos recortes para hacer frente a la crisis

Las cosas no van bien, vino a decir, pero aún pueden pintar peor; para evitarlo, señaló, hay que tomar decisiones de raíz, recortar sobre lo ya recortado y, sobre todo, esperar un cambio urgente en cuanto a la financiación de las haciendas locales, recordando en este sentido que los ayuntamientos prestan aproximadamente un 60 por ciento de servicios impropios. A esto se añade, indicó Galbeño, la subida del IVA (que supondrá para el Consistorio torrelodonense, como consumidor final, un gasto adicional de 500.000 euros) y la prohibición de realizar operaciones de tesorería a corto plazo.

En un visto y no visto, aseguró, el Ayuntamiento se ha encontrado con que su deuda (como consecuencia de dos sentencias desfavorables, especialmente millonaria la referente a los terrenos de la Casa de Cultura -un caso que se remonta a 1985-) ha aumentado hasta el 56 por ciento, encontrándose con una complicación añadida, por lo que Galbeño no dudó en lanzar un mensaje a los vecinos: “Ha llegado el momento en que Torrelodones, que ha tenido servicios de lujo, va a tener que mirar hacia dentro para ver lo que se puede hacer, igual que hemos hecho en nuestras casas para ajustarnos a la realidad”. “Los servicios básicos”, indicó, “están garantizados, pero hay otros de carácter secundario con los que no podremos contar o que tendrán que ser externalizados, siempre con la condición de que no se despida a ningún trabajador”. Entre esos servicios “de lujo”, el regidor citó el del transporte escolar municipal, del que dijo que “hoy es insostenible”. “No pueden pagar 23.000 habitantes para que se beneficien 150 ó 180 familias”, subrayó, advirtiendo de que el Gobierno central debe adoptar decisiones urgentes para que las nóminas de los ayuntamientos no estén en peligro el próximo año.

En cuanto a las medidas para reducir el gasto, Galbeño destacó las siguientes: la rebaja del 5 por ciento en los salarios de funcionarios y personal laboral, sin realizar horas extraordinarias ni cubrir bajas más allá de las estrictamente imprescindibles; nueva rebaja en las retribuciones de los cargos públicos (un 9 por ciento en el caso del alcalde, que pasará a cobrar unos 3.500 euros al mes, 600 menos que al principio de la legislatura; recortes en capítulos como Fiestas (con un acumulado del 60 por ciento), gastos de representación o asignación a los grupos políticos municipales; revisión de las contratas (en el caso del servicio de limpieza y recogida de basura, 182.000 euros menos al año); externalización de servicios y reducción del gasto corriente. Y pese a ello, dijo, la llave la tiene el Gobierno central, en referencia a una reforma de la financiación de las administraciones locales: “O solucionamos el problema a nivel de Estado, o lo pasaremos mal y esto será un sálvese quien pueda”.