El Ejecutivo de Collado Villalba debe dar explicaciones convincentes ante la nueva denuncia del Comité de Empresa

En una época en que la palabra crisis está en boca de todos y los recortes se suceden, la denuncia que ayer realizó el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba vuelve a poner en entredicho la gestión del Ejecutivo que preside José Pablo González. Según señalaron los sindicalistas en una rueda de prensa, una inspección ha dejado al descubierto que el Consistorio “paga por partida doble un mismo trabajo -la prevención psicosocial- a dos empresas distintas, aunque sólo una de ellas lo realiza”. A renglón seguido, los representantes de los trabajadores no han dudado en acusar al regidor de “tirar y malgastar el dinero de los contribuyentes”, además de recordar que la concejala de Cultura y cuarta teniente de alcalde -que se está revelando como una de las más firmes defensoras de los despropósitos del Equipo de Gobierno- cuestionó en el transcurso de un pleno la labor de los sindicatos. Parece claro que lo que realmente molesta a los responsables municipales villalbinos es que estos ejerzan su función fiscalizadora, como ocurre ahora, denunciando aquellas situaciones que poco tienen que ver con la necesidad de adoptar medidas encaminadas al ahorro y la contención del gasto. Los hechos sin duda merecen una explicación convincente por parte del Ejecutivo, más allá de la habitual combinación de silencios y salidas de tono.

Por otra parte, tampoco cabe pasar por alto la protesta de los policías en el último pleno. Cierto que el recorte en los sueldos de los funcionarios es de obligado cumplimiento en todos los ayuntamientos, pero eso no quita para que sea algo especialmente doloroso cuando la deuda del Consistorio villalbino ha sido generada principalmente por los desmanes del primer edil y sus compañeros de Gobierno, con actuaciones como la de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, que han hipotecado a los empleados públicos y a los vecinos en general para las próximas décadas. Como todos, los policías tendrán que resignarse y aceptar las medidas impuestas desde la Administración central; pero la indignación con un Ayuntamiento que se autoproclama progresista -aunque sus actuaciones lo desmientan de forma categórica- está más que justificada.