El PP pide que se anule la adjudicación del servicio médico

A juicio del edil popular, los concursos negociados son “un clásico del Equipo de Gobierno (PSOE), que se convocan de esta manera para adjudicar el servicio a la empresa que les interesa”.

Roberto Ferrero señaló que lo que al PP le preocupa que pese a que en este último concurso uno de los licitadores había ofertado 7.000 euros menos por prestar el mismo servicio, “finalmente se lo adjudican a otra empresa en base a un informe elaborado por uno de sus cargos de confianza”. En este documento -según relató el edil- se habían valorado altamente algunas mejoras “sustentadas en beneficios económicos o en que se prorrogase el concurso, es decir se valoran cuestiones que no se dan, sino que se condicionan a resultados económicos, y por eso al final le adjudican el concurso a la otra empresa, que además es mucho más cara. Es absurdo que se valoren cuestiones que en principio no se van a dar”.

A esta cuestión, la concejala de Deportes, Rosana Crespo contestó que si no estaba de acuerdo con la adjudicación “hay órganos donde puede recurrir”. Crespo explicó que el primer concurso se había quedado desierto porque la persona que había estado prestando los servicios hasta la fecha no contaba con la clasificación necesaria, aunque la tenía en trámite. “Se le concedió un tiempo para subsanar esta cuestión, pero no la presentó”, aseguró. Por ello, según explicó la concejala socialista, se convocó un nuevo concurso “y también se le invitó, pero al final se adjudicó a otra empresa en base a una baremación técnica”.

Otras preguntas
También durante esta sesión plenaria, la portavoz de IU, Ascensión de las Heras, denunció que no se hubiesen terminado los trabajos de la calle Real, pese a que ya se habían sobrepasado todos los plazos. De las Heras explicó que esa misma mañana ella había podido comprobar cómo los trabajadores habían dejado su actividad “porque se habían quedado sin materiales”.

La edil de la coalición de izquierdas también señaló que la prórroga establecida por el Gobierno central expiró el pasado 28 de febrero. Finalmente, la concejala de IU dijo que se debería “exigir a la empresa una serie de sanciones por el incumplimiento de los plazos”.

Sin embargo, el alcalde, José Pablo González, señaló que simplemente se tomarían en cuenta para futuros concursos los problemas que se habían tenido en cuenta durante el desarrollo de los trabajos en la calle Real. Además, volvió a reiterar que el Ayuntamiento había pagado todas las certificaciones a la empresa. “El que diga lo contrario miente”, concluyó el regidor.