La presión vecinal obliga al Ejecutivo a dar marcha atrás en el proyecto de la planta de residuos

Añaden estas mismas fuentes que la actuación se encontraba en una “fase inicial, que no presupone ni tenía como consecuencia inmediata que el proyecto se fuera a llevar a cabo, puesto que quedaba toda una extensa tramitación sujeta a todos y cada uno de los condicionantes y requisitos medioambientales exigibles”. En todo caso, el Ejecutivo “muestra su voluntad de actuar en todo momento en bien del pueblo, evitando posibles molestias a la población”, insistiendo en su compromiso de paralizar totalmente el expediente.

De esta forma parece que se ponía fin a la polémica que se había generado tras la celebración del último pleno en Valdemorillo, en un contexto en el que la Comunidad de Madrid necesita un vertedero de inertes para la zona noroeste de la región. Pero los altos valores ambientales de esta comarca y el rechazo de sus municipios, más residenciales que industriales, han supuesto un continuo rechazo y retraso en el proyecto.

Ahora el asunto ha llegado a Valdemorillo, o más bien se ha hecho público, porque el proyecto lleva varios años rondando por este Consistorio.

Para una gran parte de los vecinos y para la oposición, ha supuesto una desagradable sorpresa, no tanto la idea, sino el hecho de que el Equipo de Gobierno (PP) declararse en primera instancia el interés social de la propuesta -argumentado en la creación de siete puestos de trabajo-, paso necesario para recalificar el suelo como industrial.

La zona postulada para este proyecto era la finca de La Hidalga, en la parte sur del municipio, junto a la M-600, a la altura del carril de subida de camiones. Entre los más de 1.000 vecinos de las urbanizaciones más próximas (Jarabeltrán, Puentelasierra, Isla Blanca y Mirador del Romero) se empezó a extender de inmediato el temor ante los perjuicios que esta instalación pudiese provocar en su calidad de vida, como consecuencia de la llegada de numerosos camiones con toneladas de vertidos, que suponen ruido y polvo en un entorno hasta ahora privilegiado.

Historia de un error
Desde que el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón cerrara el vertedero de La Cruz Verde, en enero de 2001, sin dar una solución alternativa, esta comarca quedó, inexplicablemente, huérfana ante una creciente actividad urbanística. Tal fue el caos provocado por este cierre que no sólo se dispararon las vertidos en cunetas y zonas protegidas, sino que también surgieron negocios ilegales ante la necesidad de un lugar donde verter los escombros. El caso más lamentable fue el de la Minera Maribel, en la parte baja del puerto de Galapagar, donde los denunciantes calcularon más de 50 camiones diarios de escombro vertiendo en pleno Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Aquel vertedero ilegal se cerró, pero los restos de obra siguieron produciéndose y arrojándose en distintos puntos de la comarca, sin que la Comunidad de Madrid ofreciera más alternativa a estas empresas que acudir a Valdemingómez o Navalcarnero.

Ante esta situación, PIVALDE anunció que iniciaría una campaña de recogida de firmas, además de presentar un recurso ante Medio Ambiente alertando del fuerte impacto que tendría una instalación de estas características. Por su parte, los representantes de las tres urbanizaciones más próximas al lugar escogido para el vertedero anunciaron, antes de que se hiciera público el comunicado del Ayuntamiento, que tenían previsto reunirse para estudiar actuaciones que sirvan para evitar una actividad tan molesta como ésta en un entorno tan cercano a sus viviendas.