Las actuaciones urbanísticas más polémicas de JP

El PERI de El Gorronal
La Asociación de Vecinos de El Gorronal (28 febrero de 2008) volvió a denunciar el retraso de las obras previstas en este barrio, así como la paralización de la cuarta fase de remodelación del P-29. En cuanto al Plan Especial de Reforma Interior (PERI), Esther Segovia, presidenta de este colectivo, dijo: “Llevamos más de cuatro años esperando a que se haga realidad y nada sabemos al respecto”. Por el contrario, el edil de Urbanismo, Juan José Morales volvió a dar otra larga cambiada: “Hay que esperar a los resultados del Plan Especial, pues sería absurdo llevar a cabo cualquier actuación en la zona para después tener que remodelarla. La definición del PERI está muy avanzada”.

Los incumplimientos del Ejecutivo presidido por José Pablo González con este barrio se iniciaron en el año 2004. “El alcalde viene a vernos sólo cuando está en campaña electoral para pedirnos el voto. Después se olvida de sus promesas”. Tan viejo es el contencioso entre vecinos y Ayuntamiento que el 27 de abril de 2005, un diario local recogía en sus páginas la denuncia realizada por esta asociación vecinal: “Llevan hablando del PERI desde hace cinco años, y aunque el alcalde dice que en Collado Villalba no hay ciudadanos de primera y segunda, yo sí le puedo decir que hay zonas de segunda y de tercera, como nuestro barrio. En 2004 prometió reunirse con nosotros para hacer un borrador sobre este proyecto. Aún le estamos esperando”. A punto de finalizar 2009, nada de sabe (al margen de las consabidas promesas políticas) del Plan Especial que, según manifestó en reiteradas ocasiones José Pablo González, era uno de sus proyectos estrella
Otras actuaciones polémicas
Dónde sí estuvo ágil el regidor villalbino fue en el tema relacionado con la liberación de la finca de la UDIMA (universidad vinculada a un centro de estudios donde él ejerció como docente antes de llegar a la política), al sacarla del proceso de expropiación al que estaba sometida la zona de Cantos Altos-Las Maripis por ‘interés social’, al tratarse, dijo, de un centro universitario (privado). Esto sucedía en abril de 2008. Por otro lado, dos asuntos urbanísticos han venido protagonizando la actualidad de estos dos últimos meses. El primero de ellos está relacionado con la ubicación del futuro hospital comarcal en La Chopera, un terreno que estaba catalogado como área protegida en el PGOU y que el Consistorio recalificó por decreto al considerar esta zona como la más adecuada para construir dicha infraestructura.

El segundo tema está relacionado con la decisión tomada por el Equipo de Gobierno socialista de facilitar la creación de un gran centro comercial en los terrenos de propiedad municipal situados en Caño de la Fragua (junto a la ITV), alquilando los mismos a un promotor para que éste pueda desarrollarlos. De nada han servido, al menos hasta ahora, las protestas de los partidos políticos de la oposición, ni el rechazo del sector comercial, ni tampoco el pronunciamiento realizado por CyE, donde afirmaba no estar de acuerdo con la construcción de dicho centro, a la hora de frenar a las ansias recaudatorias del Ayuntamiento que, al margen de otras plusvalías, prevé recaudar anualmente casi millón y medio de euros en concepto de alquiler. Los recursos presentados por Ecologistas en Acción y otros colectivos contra ambos proyectos amenazan, de momento, su viabilidad.

La paralización de las obras del edificio de la Policía Local (va para un año), la remodelación-chapuza del entorno de la ermita de la Estación y las obras de la calle Real, lentas y técnicamente mal proyectadas, también hay que incluidas en el debe del Ejecutivo que preside José Pablo González.