(I).- Despilfarro, prepotencia e incumplimientos

Cronología de un despilfarro
Como ya se habrán imaginado, nos estamos refiriendo a la remodelación urbana de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén, cuyo proyecto también contemplaba la construcción de un túnel para unir ambas vías y de un aparcamiento subterráneo con capacidad para unos 800 vehículos, proyecto que fue adjudicado por el Ejecutivo villalbino a la UTE formada por las empresas ‘Ortiz-Cover’ el 21 de marzo de 2006, por 20 millones de euros, cifra que pese a ser la más alta de las presentadas por todas las empresas licitantes, escondía el caramelo de ser la que ofertaba un menor plazo en la ejecución (14 meses). Pero como podrán comprobar, ‘Ortiz-Cover’ no sólo incumplió la fecha de la finalización de la misma (superó en año y medio el plazo fijado), sino también el importe de su adjudicación, que terminó duplicándose, al pasar de 20 a 40 millones de euros.

La cronología de este despilfarro urbanístico es la siguiente: en julio de 2007, es decir, un año después del inicio de la obra, el Ayuntamiento anuncia que ha decidido ampliar en cinco meses el plazo del contrato de la misma. Aún así, a la vuelta de las vacaciones veraniegas (6 de septiembre), los villalbinos se encuentran con las obras semiparalizadas, lo que fue atribuido al hecho de que los trabajadores no habían cobrado el sueldo de agosto porque el Ayuntamiento no estaba al corriente de los pagos con la concesionaria
Curiosamente, en la sesión plenaria celebrada el 29 de noviembre, y tras un acalorado debate entre los miembros del Equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos de la oposición, el Ejecutivo local aplicó el rodillo de su mayoría absoluta para ampliar nuevamente el plazo de finalización de la obra, esta vez hasta el 28 de febrero de 2008. Con esta prórroga, el Ayuntamiento ya reconocía un retraso en la finalización de la misma superior a los nueve meses. Pero 2007 aún nos depararía más sorpresas. Así, el pleno extraordinario celebrado el 13 de diciembre reconoce la existencia de un modificado por importe de 12.980.000 euros . El Ejecutivo lo acepta y anuncia la elaboración de un informe que será enviado al Consejo de Estado, dado que el sobrecoste de las obras supera el 20 por ciento que fija la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Comisión de investigación
En la primera quincena de mayo de 2008, Izquierda Unida anuncia que va a solicitar en el próximo pleno “la constitución de una comisión de investigación sobre una obra que ya acumulaba un año de retraso y cuyo coste se había duplicado”. También, por estas mismas fechas, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios villalbina (CyE), que hasta entonces había sido un defensor a ultranza de dicha remodelación, envía una carta al alcalde, donde le traslada las quejas de un importante número de comerciantes de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén afectados por las obras del túnel-parking y su preocupación por el hecho de que sus negocios no se hayan recuperado a pesar de la apertura al público de ambas calles. No hubo contestación, al menos oficial, a la misma.

En la sesión plenaria celebrada el 29 de mayo, Izquierda Unida, tal como ya había anunciado, solicita un debate acerca de la actuación de los técnicos municipales en el desarrollo de dicho proyecto y propone abrir una comisión de investigación al respecto. La petición fue denegada por el Partido Socialista, comprometiéndose el alcalde a analizar este asunto en una comisión informativa a celebrar cuando el Consejo de Estado se pronunciara sobre la consulta que le habían realizado, asegurando, además, que “en este proceso ha habido y habrá transparencia total, porque nosotros no tenemos nada que ocultar”. A día de hoy, dicha comisión informativa aún no ha sido convocada .

El tiempo iba pasando, la obra parecía terminada y la única actividad en la misma se limitaba a la ejecución de simples retoques (10 de julio). El túnel y el parking estaban cerrados a cal y canto sin que nadie comprendiera bien el motivo de esta situación. Al parecer, la empresa Ortiz controlaba ya el 100 por 100 de las acciones de la concesionaria y no parecía dispuesta a entregar la obra hasta que el Ayuntamiento no le pagase lo que, supuestamente, le adeudaba. Un mes más tarde (23 de julio), el PP local denunciaba que dicha empresa había reclamado al Equipo de Gobierno 370.000 euros más por, entre otros conceptos, pintar la fuente, canalizar y cimentar los semáforos de la plaza de España, zonas ajardinadas, etc.

Responsabilidades técnicas
A mediados del mes de septiembre se hace público el dictamen del Consejo de Estado, en el que, entre otras cosas, queda reflejado que el sobrecoste total de la obra (alrededor de 20 millones) es consecuencia de las graves insuficiencias que contenía el estudio geotécnico (cuyo coste ascendió a 2.900 euros, una cifra ridícula si la comparamos con el volumen de la obra), y así, en el capítulo de conclusiones este alto tribunal ‘invitaba’ al Ayuntamiento a investigar la actuación de los técnicos.

La insistencia de los grupos de la oposición termina poniendo al Equipo de Gobierno contra la pared, de ahí que poco después anuncie la apertura de un expediente a estos técnicos a fin de depurar presuntas responsabilidades. Ha pasado casi un año y nada se ha vuelto a saber del asunto. Es más, el pasado mes de octubre, en un pleno, el edil de Urbanismo se negó a facilitar información sobre dicho expediente a la portavoz de IU.

Aún así, el 17 de octubre de 2008, con año y medio de retraso sobre la fecha fijada, se abre al público el túnel-parking de Honorio Lozano, una polémica infraestructura que tras un año de funcionamiento ha puesto de manifiesto su nula utilidad, convirtiéndose de facto en la obra más cara y absurda de la historia de este municipio. Asunción de las Heras, portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio villalbino, tras la apertura definitiva de esta obra volvió a insistir en la necesidad de emprender acciones judiciales para depurar responsabilidades sobre todo lo acontecido, mientras se preguntaba: ¿Cómo se puede ser tan generoso con el dinero de los vecinos sin dar ningún tipo de explicación?. Esta misma pregunta se la están haciendo los afectados por las obras de El Musel en Gijón o los del pabellón Palma Arena de Palma de Mallorca (éste ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción), donde los modificados también han superado con creces el 20 por ciento del tipo de licitación, un instrumento tan peligroso como para ser desaprobado por la Comisión Europea, de ahí que los ministerios de Fomento, Economía y Medio Ambiente hayan optado por plantear una reforma de la Ley de Contratos del Estado para evitar en lo sucesivo estos sobrecostes con cargo al erario público y dificultar, dentro de lo posible, los casos de corrupción que pudieran generar.