Un año después de su apertura, el Ejecutivo sigue sin explicar el sobrecoste del túnel-parking

El 17 de octubre de 2008 (mañana se cumple el primer aniversario), el Ayuntamiento de Collado Villalba autorizó la apertura del túnel y del parking de las calles Honorio Lozano-Batalla de Bailén, una obra polémica por su larga duración (año y medio por encima del plazo fijado); los cambios realizados en el proyecto original (posible origen de los modificados y complementarios habidos); las numerosas molestias ocasionadas a los vecinos y la destrucción de una buena parte del sector comercial asentado en esta zona. Pero lo más grave de todo es que, pese a este cúmulo de errores, el coste final de la obra que los grupos de la oposición, primero, y los ciudadanos más tarde han calificado como inútil, ha duplicado al de licitación, pasando de 20 a 40 millones de euros, de los cuales la tesorería local ya ha pagado 13 a la constructora y concesionaria del parking (ocho el año pasado y más de cinco en el presente), pagos que se han convertido en una losa para la crítica economía de un Ayuntamiento que está al borde del límite del endeudamiento permitido y que tiene que recurrir a créditos bancarios para tapar los numerosos agujeros generados por una pésima gestión salpicada de ciertas dosis de despilfarro.

Responsabilidades
Pero volviendo al tema que nos ocupa, es bueno recordar los pronunciamientos realizados por los portavoces de los grupos de la oposición de este Ayuntamiento una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado, emitido el 18 de septiembre de 2008, acerca del sobrecoste de esta faraónica obra. Carmen Rodríguez (PP) dijo: “José Pablo González ha demostrado una vez más que miente. Él, en rueda de prensa, sólo dijo que el Consejo de Estado aprobaba el modificado. Lo que omitió fue que el Consistorio podrá ejercer sus reclamaciones contra la ingeniería por el deficiente estudio geotécnico realizado”. Por otro lado, Ascensión de las Heras (IU) indicó: “En el informe queda claro que el Ayuntamiento tiene que pagar este modificado; pero también señala que hay pocas dudas sobre la existencia de omisiones o errores en este proyecto inicial, derivadas del estudio geotécnico, origen de este desaguisado”. Por su parte, Alberto Sánchez (ADEI) mantuvo una tesis bastante similar: “El dictamen del Consejo de Estado es favorable con unas matizaciones: dice claramente que esta obra va a costar lo que va a costar por los errores que contenía el informe geotécnico, y por ello el Ayuntamiento tiene la potestad de ir contra los redactores del proyecto. La obra hay que ponerla en marcha ya para comprobar que no vale absolutamente para nada”.

Expediente sin resolver
La oposición política dejó bien clara su postura en cuanto a pedir explicaciones y depurar responsabilidades acerca del sobrecoste de la obra, apuntando directamente a los técnicos. Tres meses más tarde (26 de enero de 2009), el alcalde anunció que “se había abierto expediente de responsabilidad a la Dirección Facultativa de la obra”. Izquierda Unida, que ya había manifestado por entonces su intención de ir a los tribunales si el Ejecutivo no cumplía con la obligación de velar por los intereses económicos de sus vecinos, convocó la semana pasada una rueda de prensa para comunicar a la opinión pública que “a día de hoy nada sabemos de dicho expediente, y las veces que hemos solicitado verlo se nos ha negado. El plazo para resolverlo creo que finaliza este mes. Por eso hemos vuelto a pedir explicaciones inmediatas sobre este sospechoso asunto al alcalde”.

Pues bien, un año después de su apertura, el Ejecutivo sigue sin dar explicaciones en cuanto al sobrecoste de esta polémica obra.