Crisis, desempleo y futuro incierto Los ayuntamientos tendrán que reforzar los fondos de emergencia y solidaridad

Pese al Plan E o a la línea de avales que por importe de 3.000 millones de euros el Gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de autorizar para que los ayuntamientos salden las deudas contraídas en los últimos años con pymes y autónomos, me temo que las telarañas van a seguir ‘decorando’ durante bastante tiempo las arcas municipales a tenor de la galopante crisis económica que azota a España. Y es que no debemos olvidar que dos de las principales fuentes de ingresos de nuestros consistorios, el cobro de tributos relacionados con la actividad urbanística y la venta de terrenos obtenidos a través del aprovechamiento medio, han sufrido en los dos últimos años un desplome descomunal, superando en algunos municipios de la Comunidad de Madrid el 70 por ciento con relación a 2008.

Afortunadamente, las dificultades para pagar las facturas de sus proveedores parece tocar a su fin, pero de seguir así las cosas mucho me temo que algunas corporaciones van a tener que plantearse a corto plazo reducir plantilla y acometer un recorte drástico del gasto corriente, de las partidas publicitarias y de todas aquellas suntuarias (fiestas, eventos, etc.) si no quieren entrar en bancarrota.

Estos agobios financieros van a obligar a alcaldes y concejales a tener que romperse el coco después de varios años de bonanza económica, de despilfarro, de ingresos desproporcionados, sobre todo porque para ellos hay, si quieren supervivir en el cargo, dos capítulos que se nos antojan intocables: el gasto social y el de inversiones. El primero porque lo consideran imprescindible a la hora de abordar en parte el creciente desempleo y el segundo porque es necesario para compensar la caída de la actividad económica. Y es que los ayuntamientos no pueden permitirse el lujo de quedarse parados o mirar hacia otro lado cuando todos sabemos que la economía en nuestro país caerá este año un 3 por ciento; que la recesión se prolongará al menos un ejercicio más; que déficit se disparará al 8 por ciento del PIB; que el empleo caerá en este año hasta un 17,1 por ciento y que en 2010 se seguirán destruyendo puestos de trabajo hasta superar el 19, lo que nos llevará a movernos entre 5 y 6 millones de parados. Un panorama terrible si nos atenemos a estos números, que no son precisamente de mi propia cosecha, sino de la del propio Banco de España.

Propuestas urgentes
La Administración local es por tanto la primera que debe responder urgentemente a una situación que roza el caos. Y lo tiene que hacer por ser la más próxima a los ciudadanos, lo que le obliga a crear esos fondos de emergencia y solidaridad que permitan ayudar a todas esas familias que, una vez agotadas las percepciones del subsidio de desempleo y a punto de ver como les embargan sus viviendas, se encuentran ya al borde de la exclusión social, una tragedia que según con quien usted hable tiene diferentes culpables aunque en todas las papeletas uno se encuentre casi siempre con banqueros, especuladores, políticos corruptos y explotadores que se han ido llevando su dinero (el de todos), sus plusvalías y hasta los derechos laborales de los asalariados... “Se lo han llevado todo -me comentaba un sindicalista madrileño- y nos han dejado paro, precariedad, salarios de miseria, la pérdida del poder adquisitivo, la humillación y hasta el desprecio. Y ahora este Zapatero, que sólo arregla los ‘zapatos’ de los ricos, viene como un vulgar Robin Hood de los poderosos, a dar el dinero público, nuestro dinero, a los banqueros para solventarles sus despilfarros, sus crisis y su negligencia”.

Foro Verde da el primer paso en Galapagar
Afortunadamente en este aspecto no todo es negativo, y por eso les quiero comentar que algunos ediles serranos ya han dado el primer paso para intentar paliar, desde los propios consistorio,s esta precariedad. Tal es el caso de José Luis Barceló, portavoz del grupo municipal Foro Verde-GyU de Galapagar, quien presentó hace pocos días una moción en el pleno municipal donde propuso tres medidas para abordar la crisis que afecta a muchos galapagueños. La primera estaba basada en abaratar el precio de la vivienda a través de un programa de VPO, inexistente hasta el momento en este municipio. A tal fin el Ayuntamiento tendría que liberar suelo para el abaratamiento de los pisos que serían destinados a familias con poco poder adquisitivo y a los colectivos sociales más desfavorecidos. Barceló también propuso al Ejecutivo que promoviera una campaña para activar las peticiones del Salario Madrileño de Integración (IMI) para aquellas personas que lo necesiten, porque con esta especie de subsidio se pueden cubrir las necesidades básicas y ayudar a la unidad familiar cuando esta no cuenta con otros recursos. La tercera propuesta estaba relacionado con la promoción de comedores sociales gestionados por el propio Ayuntamiento.

Sería bueno que este tipo de mociones empezarán a cobrar un mayor protagonismo en los futuros debates plenarios y que los ejecutivos las acojan mejor de como lo ha hecho el de Galapagar, cuyo alcalde prometió estudiar dichas propuestas, y hasta ahora nada se ha vuelto a saber del asunto. ¿Acaso porque lo presentó un grupo de la oposición?.