El nepotismo en C. Villalba

“Una de las más importantes enseñanzas de la experiencia es la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la contratación administrativa como medio para lograr la objetividad en la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia”. Esto decía la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones en su exposición de motivos. Ley que invito a leer al señor Cercas Alonso y al caporal de este municipio, José Pablo González. Y no les digo que la lean para matarles de aburrimiento, sino porque en este Ayuntamiento las concesiones y contrataciones administrativas están empezando a ser motivo de desconfianza.

Cuando es el dinero público el que está en juego, ese dinero que todos aportamos con nuestros impuestos, es cuando más necesaria es la honestidad de las personas a las que se confía su administración, porque esa honestidad significa respeto. Respeto a los ciudadanos. Aún está reciente en la memoria colectiva de todos la forma en que se eligió a la concesionaria de las obras del famoso túnel, dándole el mayor número de puntos porque la iba a terminar en menos tiempo que las demás. El engaño duró poco y acabaron tardando más del doble. Hasta la fecha no hay noticias que indiquen que el caporal tenga intención de actuar contra la concesionaria o contra los técnicos por el retraso de más de un año ni por el sobrecoste al pasar de 20 a 40 millones de euros: esto es falta de respeto al ciudadano.

Ahora comprobamos que a la empresa de la familia del concejal socialista José Luis Cercas le dan el mayor número de puntos por no sé qué motivos “metodológicos” y de “conocimiento” absolutamente subjetivos que levantan graves sospechas de actuaciones faltas del más mínimo respeto de la objetividad y carentes de honestidad. Incluso pueden acercarse a la irregularidad. Desde luego, de “garantizar plenamente la transparencia en la contratación, nada de nada”.

Con todo, lo más grave son los indicios de que hay pagos a esta empresa de jardinería por importe de cientos de miles de euros que se han hecho abonando múltiples facturas que curiosamente nunca sobrepasan los 30.000 euros, lo que hace pensar que de esta manera se ha intentado sortear la Ley que permite la adjudicación directa por importes inferiores a esa cifra.

Esto, desde mi punto de vista, ya no es falta de probidad, esto es retorcer la Ley para aprovecharse de ella y favorecer determinados intereses personales. Y esto también es falta de respeto al ciudadano y falta de respeto a la Ley.