Mecanismos de corrupción

La situación empieza a ser límite y creo que ha llegado el momento de que los grandes partidos políticos, en vez de apuntarse con el dedo o acusarse de “y tú mas”, empiecen a tomar medidas para poner fin a algo que ahora sólo parece un virus, pero que tiene síntomas de convertirse en una peligrosa peste.

Sin ánimo de querer ser alarmista, pienso que en este aspecto se está abusando demasiado del concepto de presunción de inocencia. Hay casos que a simple vista permiten llegar al convencimiento de que el alcalde o el concejal de este o aquel municipio están actuando en contra de la decencia que exige su cargo. Sus relaciones, sus decisiones en el seno corporativo, su impresionante poder adquisitivo se convierten en síntomas inequívocos de que sus comportamientos no están acordes con los postulados del cargo que ocupan. Sin embargo, para denunciar a estas personas en un juzgado de guardia o en la fiscalía anticorrupción es preciso contar con pruebas contundentes y en caso de tenerlas, confiar que el juez de turno las considere lo suficientemente sólidas como para abrir diligencias. Después los denunciantes deberán esperar a que pasen los meses, incluso los años, hasta que se celebre un juicio y el inculpado, siempre presunto, sea condenado. Y aquí nos topamos con el primer error de una situación compleja porque el autor o autores de los presuntos delitos de corrupción en el desempeño de su actividad pública suelen estar amparados tanto por la burocracia judicial como por las dificultades que encontrarán los denunciantes a la hora de probar unos hechos delictivos que suelen estar protegidos por una densa tela de araña tejida a base de inconfesables intereses personales que, una vez detectada, resultará bastante complicada incluso para los propios investigadores llegar a destejer en su totalidad.

Las reglas del juego democrático no permiten entender que cuando un político es pillado en un renuncio o en 30, debe dar explicaciones irrebatibles e inmediatas o irse, porque aunque las pruebas de cargo en asuntos penales deben ser concluyentes, en las políticas debería bastar con indicios claros, ya que además de ser ámbitos distintos, tienen responsabilidades diferentes. Pues bien, salvo raras excepciones no es así y los implicados se suelen agarrar a su parcela de poder hasta que se produce una sentencia condenatoria tras agotar la siempre cansina vía de los recursos.

Así las cosas, se me antoja decir que la legalidad empieza a resultar muy difícil de garantizar en algunos municipios de nuestro país, porque es obvio que los representantes políticos han fracasado a la hora de abordar este problema y que, cada día, cuando se destapa un caso de corrupción, resulta complicado distinguir entre alcaldes o concejales buenos y malos; tampoco los funcionarios se libran de las sospechas, porque la libertad de ejercicio se ha convertido en una simple ficción. De ahí que muchos ciudadanos nos sintamos indefensos y sin garantías cuando vemos que nuestros derechos están siendo vulnerados por quienes tienen la obligación de protegerlos.

A tenor de la extrema gravedad de estos hechos, no nos cabe otra opción que pedir una intervención preferente y urgente de los máximos responsables de los grandes partidos para que de una vez por todas actúen con responsabilidad hasta aclarar la última duda. Lo contrario sería apostar por el chalaneo y permitir que los pillos se dediquen a esquilmar al pueblo. También, y aunque sea como última instancia, nos queda el poder judicial, porque aun reconociendo la lentitud de su maquinaria burocrática, en temas como los que nos ocupan sigue teniendo un importante papel y, sobre todo, una responsabilidad sencillamente indeclinable.