Una parcela de Arroyo Arriba reaviva 10 años después un viejo contencioso urbanístico

En apenas un par de semanas en el PP de Madrid se ha pasado del supuesto espionaje de algunos de sus mandatarios al ajuste de cuentas entre ex dirigente de este partido. En el primero de los casos, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ya ha anunciado la creación de una comisión de investigación por parte de la Asamblea de Madrid, lo que deja claro el interés de su partido por llegar al fondo del asunto. En cuanto al segundo punto de esta trama, el de los ajustes de cuentas, hasta el momento se han visto implicados, entre otros, dos ex polítios serranos, Javier de Miguel, ex alcalde de El Escorial, quien denunció (ver el diario El País del pasado 20 de enero) haber recibido un mensaje en su teléfono movil de un compañero de partido (Cándido Cerón) el día antes de celebrarse la votación en la que iba a plantearse la destitución del secretario de Caja Madrid, el aguirrista Pablo Abejas, que decía: “Javier, me gustaría hablar contigo. En todo caso que sepas que Economía quiere ofrecerte un cargo compatible con la caja”, lo que podría entenderse como un intento para evitar que De Miguel, como consejero de la entidad de ahorro, votara en contra de los intereses del tándem formado por Blesa y Ruiz Gallardón. El segundo caso salpica al villalbino Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado en el Gobierno de José María Aznar, entre otros muchos cargos, que además también se ha visto implicado en la supuesta trama de espionaje a altos cargos del PP por su relación con el vicepresidente regional, Ignacio González (se llegó a decir que despachaba a diario con él), un tema que posiblemente también será objeto de estudio por parte de comisión de investigación promovida por Esperanza Aguirre.

Arroyo Arriba
Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los villalbinos (Pedro Antonio nació y vivió durante muchos años en esta localidad), es la denuncia publicada el pasado sábado por El País, donde se hace alusión a la gestión realizada por Martín Marín con el por entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Pedro Ortiz. La información que aparecía en el rotativo madrileño decía textualmente: “Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes en los gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la Fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían un especial protección ecológica. Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. ‘Me pidió que recalificara sus terrenos’, denunció el pasado jueves [29 de enero] Ortiz en la Cadena SER. Él se negó porque ‘era ilegal’. Fue entre 1995 y 1996. Finalmente logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo”.

Recalificación denegada
Los terrenos se Arroyo Arriba se encuentran situados entre las urbanizaciones Mirador de la Sierra y Altavista y colidan con los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. En la actualidad allí se han construido centenares de viviendas multifamiliares.

En la época a la que se refiere El País, esta zona estaba protegida, puesto que las Normas Subsidiarias de 1986, por entonces vigentes, sólo distinguían entre suelo protegido y urbanizable. Inicialmente el Ejecutivo villlabino que por entonces presidía el popular José Luis peñalvo se planteó la posibilidad de recalificar estos terrenos, y así en octubre de 1995 el PP, con el apoyo del grupo municipal del PSOE, aprobó un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (bloques de pisos de hasta tres plantas) en esta finca. La aprobación de una densidad tan desproporcionada (30 viviendas por hectárea) generó alarma en la localidad e hizo que Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y otros colectivos se opusieran a dicha recalificación, lo que provocó hasta cuatro debates plenarios que se celebrarón entre 1995 y 1997 y que sirvieron para reducir sustancialmente el número de viviendas (se pasó de 613 a 144). Aún así, la propuesta final tampoco prosperó dado que Izquierda Unida y Ecologistas en Acción denunciarón ante la Fiscalía que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad de Madrid que estos terrenos estaban catalogados como de especial protección ecológica.

Luis Eduardo Cortés, por entonces consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, aseguró que después de conocer los hechos, la recalificación había sido denegada.

Curiosamente, años más tarde, con José Pablo González (PSOE) al frente del Ejecutivo local, esta parcela y otras adyacentes que hasta entonces tenían la calificación de terrenos rústicos, fueron incluidos en el Plan General de 2001, lo que facilitó el cambio de uso a residencial y multifamiliar. Al respecto, el pasado viernes durante la firma del convenio entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento villalbino, una periodista de El País le preguntó a José Pablo González sobre esta recalificación y el alcalde, sorprendido, contestó que tal vez el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Pedro Ortiz, cuando hablaba de la finca de Pedro Antonio se debía referir a otra que este tiene en el municipio de Galapagar. Ortiz, posteriormente lo negó con estas palabras: “El suelo que Pedro Antonio Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado Villalba”.

Cronología de este contencioso
Según los archivos de El Faro del Guadarrama, el 25 de noviembre de 1995 Villalba Ecológica manifestó su malestar por las últimas modificaciones de las Normas Subsidiarias, que daban vía libre a viejos proyectos urbanísticos en este municipio, entre ellos el relacionado con el paraje de Arroyo Arriba. Un mes más tarde, 23 de diciembre, se publicaban en el BOCAM las modificaciones puntuales referidas a los sectores Cantos Altos y Arroyo Arriba. Se presentan numerosas alegaciones. El 17 de febrero de 1996, la Plataforma de Participación Ciudadana denuncia el acuerdo plenario en el que se aprobó dicha recalificación por irregularidades cometidas en el proceso, entre ellas el hecho de que la edil del PP Esperanza Seoane no se ausentase de la votación de este punto, cuando su madre y ella eran propietarias de un 10 por ciento de estos terrenos. En el pleno celebrado el 27 de febrero de ese año IU propone la dimisión de la edil, pero esta iniciativa no prospera por la abstención del PSOE. Finalmente, el 23 de marzo, bajo el lema “Salvemos la Sierra”, más de 30 colectivos se manifestaron en Villalba contra la recalificación de estos terrenos.