Privatización acelerada de la salud

Ante la crisis económica que va a reducir sustancialmete los ingresos de las arcas públicas, arrecian las voces urgiendo la introducción del co-pago del usuario por la utilización de los servicios sanitarios. La idea ha sido manejada en la reunión celebrada el pasado mes de septiembre en Zaragoza. En la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la propuesta lanzada por la Consejería de Sanidad de Cataluña -Marina Geli- fue calurosamente respaldada por los consejeros de Asturias, Madrid y País Vasco.

La iniciativa pretende que se introduzca el abono de un porcentaje del precio de los medicamentos por parte de los pensionistas, para posteriormente requerir el pago del un ticket moderador al conjunto de los usuarios para acceder a consultas, urgencias, etc. El objetivo declarado es contener el gasto farmacéutico, que supone ya el 25 por ciento del gasto sanitario público total y el uso abusivo o injustificado de urgencias, consultas, etc.

A ellos se ha sumado recientemente el ex ministro de Sanidad del PSOE, Julián García Vargas, que ha dicho lo siguiente: “Sería bueno llevarlo al Consejo Interterritorial, seguro que allí se sumarían varias comunidades autónomas y a partir de ahí se iniciaría el camino”. Afirma que la introducción del co-pago “es algo educativo y bueno para todos” y que hay “un exceso de uso de Urgencias, un exceso de recetas de pensionista, etc.”
Hay voces que, aún siendo partidarias del co-pago, alertan de la inconveniencia de introducirlo en un momento en el que a la carestía generalizada, se suman los despidos masivos y el recuerdo todavía caliente de la inyección masiva de dinero público a los bancos en peligro por su insaciable especulación financiera.

Las consideraciones de los consejeros y del ex ministro son las mismas que hace 17 años: la cuantía del co-pago no sería la misma para los ricos que para los pobres, para los primeros sería una cantidad simbólica. Habría que preguntar: para el cálculo de la diferente aportación, ¿se establecería un carnet diferenciado para ricos y para pobres? o bien ¿se introduciría una burocracia imposible de gestionar para el cálculo proporcional de la cuantía pro-pago?. La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de dos euros) ya se ha realizado en otros países, como Canadá, y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso de servicios sanitarios o medicamentos para el 20 por ciento más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento.

Tanto el gasto farmacéutico injustificado como la sobrecarga de las urgencias tiene razones multiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de Atención Primaria, sobre las que también recaen demandas sociosanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se resuelven con recetas. Las propuestas deben ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, que redundaría a medio plazo en una reducción del gasto, además de lo que es más importante: la mejora de la calidad de la atención.

Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad de la asistencia sanitaria: el 80 por ciento del gasto es consumido por el 20 por ciento de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos. Como las mutuas patronales y las aseguradoras privadas saben bien, el negocio está garantizado si se rescinde de estos sectores. Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:
- No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar su accesibilidad económica.
- El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.
- El co-pago obedece a objetivos recaudatorios y, sobre todo, a quitarse de en medio a los que obstaculizan el negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.

(*) Ángeles Maestro fue diputada portavoz de Sanidad en el Congreso y actualmente es miembro de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública.